La inmobiliaria San Valentino anunció acciones legales contra el municipio de Santiago destinadas a “perseguir el cumplimiento forzado de la compraventa” de la ex clínica Sierra Bella.
Luego que el gobierno local decidió desistir del proceso de compra ante de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), en la que señaló que era injustificado el valor cuatro veces superior al avalúo fiscal que pretendía pagar, la empresa acusó irresponsabilidad por parte de la alcaldesa Irací Hassler.
¿Qué dijo la inmobiliaria?
Por medio de una declaración pública, la entidad dijo saber y entender “que (tras la compra de la propiedad a una sociedad médica) la diferencia de precio entre nuestra compra (prácticamente avalúo fiscal) y nuestra venta (diferencia conocida desde siempre por todo el municipio, incluyendo sus concejales antes de la votación en los estudios de títulos, lo que hicimos llegar siempre con la total transparencia), genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercado marcadas por los distintos contextos de cada operación”.
“La razón para decidir esta venta por nuestra parte fue la posibilidad de venderla como un activo de salud, hecho y valor que se respalda en base a criterios técnicos, pese a que esta decisión nos significó renunciar al proyecto de su explotación directa que veníamos desarrollando”, añadió.
Posteriormente, la empresa dijo que ellos “nunca ofrecimos el inmueble, ni tuvimos ningún tipo de acercamiento previo al contacto que ellos iniciaron con nosotros”.
“El primer contacto se realizó entre los últimos días de septiembre y primeros días de octubre de 2022 aprox., a través de uno de los cuidadores de la clínica, quién nos indicó que una funcionaria municipal de un Cesfam cercano había pasado preguntando varias veces por el dueño de la clínica, interesada en saber si esta estaría a la venta, ya que la municipalidad estaba buscando adquirir infraestructura para salud”, agregó.
La empresa también aseguró que “desde octubre hasta la fecha de la firma de la compraventa hubo reuniones y contacto con distintos funcionarios durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2022, pero solo existió una instancia de negociación y esta fue en una reunión presencial el día 20 de diciembre a las 15:00 horas, en la municipalidad, reunión a la que nos citó la alcaldesa Hassler, y en la que ella personalmente llevó esta negociación”.
“Inicialmente, nos ofreció un precio un poco menor del finalmente acordado, al que no accedimos y en la misma reunión, luego de una serie de cálculos realizados por la alcaldesa, ella nos ofreció el valor que sí aceptamos de 234.124 UF”, indicó.
“Toda esta reunión se realizó de manera presencial con la participación de alcaldesa Hassler y varios directores y autoridades: alcaldesa, secretario de Planificación, director de Asesoría Jurídica, directora de Salud, y, además, había otras autoridades o funcionarios conectados vía Zoom. Corresponde señalar, que sugerimos en dicha reunión la suscripción de un acta que señale los participantes y las tratativas ahí abordadas, cuestión que se nos refirió como no necesaria. Ante lo cual por seriedad como vendedores requerimos a la municipalidad, nos remitieran una carta de cierre de negocio para formalizar con esta última lo acordado en dicha reunión” continuaron.
El escrito también sostiene que la jefa comunal mintió “abiertamente al país al negar que el abogado Pablo Casanueva tenía mandato por parte de la municipalidad, más grave aún, pues fue su asesor jurídico Jean Pierre Chiffelle Soto quien introdujo la posibilidad de que los mandatarios actuarán separadamente, esto, pues por nuestra parte habíamos sugerido que el mandato solo permitiera actuar a los mandatarios de manera conjunta, como ocurre regularmente en operaciones de esta envergadura, mandato que tal como constató en su informe la contraloría de la república nunca fue revocado por la alcaldesa Hassler”.
En el escrito, Felipe Sánchez Pérez, abogado vendedor de Sierra Bella, reconoce que Casanueva “es parte de mi familia, particularmente mí cuñado y amigo, además de un abogado con lata experiencia en el ámbito del municipalismo y derecho público”.
“En caso particular, como nunca antes como empresario de la salud había hecho ningún tipo de negocio con una institución pública, resultó evidente y natural su incorporación, haciendo uso del libre ejercicio de su profesión y fuera de su jornada laboral (en vacaciones y días administrativos). Fuera de esa asesoría, Pablo Casanueva no cumple ni ha cumplido ningún rol en la sociedad inmobiliaria San Valentino, ni en ninguna otra sociedad asociada a esta”, continúa.
También sostiene que “de parte de la inmobiliaria todo el contacto con los funcionarios municipales los realicé yo como vendedor y mi cuñado Pablo Casanueva como abogado. Somos quienes conjunta o separadamente intercambiamos antecedentes y documentación, tanto con los directores mencionados como también con la directora de Salud, administrador municipal, abogadas de la Corporación de Salud y la Dirección Asesoría Jurídica, y la mencionada funcionaria Claudia Ortega del CESFAM Padre Orellana, todo con el objetivo de proporcionar todos los antecedentes que fueran requiriendo y solicitando durante el proceso”.
Finalmente, la inmobiliaria descartó “todas las teorías de fraude construidas, que solo podemos entender primeramente en el silencio injustificado que mantuvo Hassler durante gran parte de la polémica, y luego el mal manejo de la información aportada a los medios de comunicación, las omisiones, la poca claridad y falta de proactividad de parte de su equipo para ofrecer respuestas claras y concluyentes, basada en evidencia, tanto la existente, como otros datos complementarios que pudieron haber recogido durante todo este tiempo (investigaciones internas, nuevas tasaciones y valoraciones, estudios de impacto social del proyecto, entre muchos otros), para dar respuesta a las legítimas dudas instaladas en la opinión pública y evitar así aumentar una polémica que se ha mantenido como uno de los principales temas de pauta en la prensa desde enero a la fecha, con el consecuente perjuicio para su gestión y, por supuesto, con los enormes perjuicios para nosotros como privados, que nos hemos visto envueltos en cuestionamientos de todo tipo”.
Revisa la declaración completa:
Respuesta del municipio
A través de una declaración pública, el municipio de Santiago lamentó la decisión de la inmobiliaria, “toda vez que lo esperable era contar con la voluntad del vendedor de rescindir el contrato de mutuo acuerdo“.
“Lo anterior, acogiendo las observaciones de la Contraloría y que fueron acatadas en su totalidad por el municipio, desistiendo así de perseverar en la compra del inmueble“, agregó.
De este modo, el gobierno local dijo que “se emprenderán todas las acciones legales para resguardar los intereses de la municipalidad“.
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