El Ministerio de Justicia solicitó la salida de la autoridad, en medio de cuestionamientos por fallas en el servicio y una auditoría en curso. La decisión se da tras denuncias sobre manejo de cuerpos e inconsistencias en informes.
Los problemas en el Servicio Médico Legal (SML) sumaron este viernes un nuevo capítulo, luego de que el Ministerio de Justicia solicitara la salida de su directora nacional, Marisol Prado, en medio de cuestionamientos al funcionamiento del organismo y una auditoría ya en desarrollo.
La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien justificó la medida por la pérdida de “legítima confianza” y por la necesidad de corregir problemas de gestión detectados en el servicio.
La remoción ocurre después de una serie de denuncias sobre el estado interno del SML, entre ellas falencias en el resguardo de cuerpos, problemas de identificación y diferencias en antecedentes entregados en instancias oficiales, según reveló un reportaje de T13.
En los días posteriores a esa publicación, Prado expuso ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde apuntó responsabilidades hacia otros organismos del sistema, como el Registro Civil y la Fiscalía.
Para el Ejecutivo, sin embargo, el foco hoy está puesto en restablecer el funcionamiento del servicio. Rabat sostuvo que las fallas detectadas no solo afectan una institución clave para las investigaciones penales, sino que además impactan a familias que llegan al SML en momentos de alta vulnerabilidad.
El ministro también afirmó que el objetivo es dar un nuevo impulso a la institución, de modo que pueda responder con mayor oportunidad tanto a las personas como al sistema de justicia, especialmente en la entrega de peritajes.
En paralelo, el Gobierno mantiene en curso una auditoría ministerial para determinar el alcance de las irregularidades y definir las medidas correctivas que se adoptarán en el corto plazo.
Desde Justicia señalaron que la intención es subsanar las deficiencias y fortalecer el rol del SML, en un contexto donde el organismo ha quedado bajo escrutinio por su capacidad de respuesta y por el manejo de procesos sensibles.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.
