Sabas Chahuán enfatiza en la necesidad de investigar denuncias: “Eso debería contribuir a la legitimidad de las decisiones”

Este sábado, la región Metropolitana cumple su octavo día en estado de emergencia, un estado de excepción constitucional decretado por el presidente Sebastián Piñera luego de los incendios qie se registraron en distintas estaciones de Metro y los saqueos producidos en numerosos locales comerciales.

Con el paso de los días, esta medida se fue extendiendo a otras regiones del país e incluso conllevó  que se decretara toque de queda en horarios nocturnos.

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Sabas Chahuán, abogado y ex fiscal nacional, dijo en CNN Chile que, aunque haber declarado esta medida fue una “decisión política” que podría ser discutible, las implicancias, como detenciones o abusos durante el toque de queda, deben ser aclaradas. 

“En las medidas que se investiguen todos los hechos, eso debería contribuir también a la legitimidad de las decisiones que se están tomando por parte de las instituciones, no solo del gobierno”, afirmó.

“El hecho que se hayan producido detenciones en medio del estado de emergencia es una vulneración de garantía, porque eso amerita una multa y debería quedar citada la persona. De hecho en esos casos, la fiscalía ha ordenado la libertad de las personas”, agregó.

En esa línea, Chahuán valoró la labor de fiscalización que está realizando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en las movilizaciones y reafirmó que este organismo tiene facultades para hacer denuncias y presentar querellas, tal como ya lo ha hecho.

“A toda autoridad en general le puede molestar que se esté fiscalizando su labor, pero es imprescindible porque eso le da una base de legitimidad”, agregó sobre el rol de INDH.

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Por otro lado, hizo un llamado a la población a denunciar, incluso con videos si se tienen, los hechos que signifiquen una vulneración de sus garantías. Para ello, se puede poner la denuncia a través de Carabineros o la PDI, algún tribunal o directamente en la fiscalía.

El ex persecutor señaló que los casos de tortura que se han denunciado en los últimos días son  “extremadamente graves” y que deben ser investigados por la unidad  especializada de la fiscalía, que es la que está a cargo de los delitos sexuales, violencia intrafamiliar y derechos humanos.