La autoridad local acompañó personalmente a uno de los imputados, José Contreras Escobar, a entregarse a Carabineros, minutos antes de que la PDI llegara con una orden de detención al domicilio.
El alcalde de Curacaví, Christian Hernández (IND), estaría siendo parte una investigación liderada por la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, luego de que acompañara personalmente a uno de los imputados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza a entregarse a Carabineros.
La investigación se centra en un robo con homicidio ocurrido en una parcela de Curacaví, Región Metropolitana, donde la víctima fue atropellada por delincuentes que escapaban en su propia camioneta.
El vehículo había sido robado días antes, en un hecho en que también participaron algunos de los imputados.
La PDI logró identificar a los sospechosos tras revisar registros de cámaras de seguridad y tomar testimonios clave.
El primer detenido, Esabu Muñoz Escobar, confesó haber conducido el vehículo y entregó información que permitió la captura de los demás: José Contreras, Vicente Higuera, Matías Tapia y Kevin Aguilar.
La banda estaría integrada por jóvenes conocidos en la zona, dedicados al robo de casas y comercios.
El jefe comunal, junto al director de Seguridad del municipio, Francisco Eyzaguirre, llegó la madrugada del domingo 24 de agosto hasta el domicilio de José Contreras Escobar, uno de los cinco acusados por el crimen. Poco después, ambos trasladaron al joven de 28 años hasta la 63° Comisaría, donde se entregó a las autoridades.
Según consignó La Tercera, la acción se dio minutos antes de que efectivos de la PDI, con orden de detención en mano, arribaran al mismo inmueble para capturarlo.
Ahora, el Ministerio Público busca esclarecer si la participación del alcalde y funcionarios municipales fue más allá de un gesto de colaboración, recabando antecedentes para determinar si existió algún tipo de intervención que pudiera haber afectado la investigación.
“A la fecha no existen elementos que permitan afirmar que hubo obstrucción, pero debemos despejar todas las dudas respecto al rol que cumplió, así como el de otros funcionarios municipales”, señaló el fiscal regional Marcos Pastén.
Entre los puntos que se investigan está el uso de personal de seguridad comunal para tareas reservadas a las policías y el Ministerio Público, como empadronar testigos, encuestar a vecinos y recopilar información relacionada con el crimen.
En declaraciones públicas, el alcalde defendió su proceder, asegurando que actuó por un llamado de auxilio de la madre del imputado: “Fui alertado por una vecina angustiada. Nunca supe que se trataba de un sospechoso hasta que estuve en la casa. Solo quise ayudar frente a una situación familiar compleja”.
También justificó haber estado acompañado del director de Seguridad para “mantener contacto con los inspectores” y actuar con precaución ante lo desconocido.
Sin embargo, según el medio anteriormente mencionado, el municipio de Curacaví habría ordenado empadronar testigos, encuestar a vecinos y recabar información previamente, sin tener la competencia investigativa para hacerlo.
Pese a ello, en el Ministerio Público señalan que toda participación en investigaciones penales debe seguir estrictamente los cauces legales, y que los municipios no tienen atribuciones para realizar diligencias propias de los fiscales o la policía.
Por ahora, el alcalde permanece en calidad de testigo. Sin embargo, su accionar —aunque presentado como colaboración— será analizado con atención por la Fiscalía.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
