La magistrada, actualmente suspendida de sus funciones, fue notificada formalmente el pasado 25 de agosto y se encuentra preparando su defensa en medio de un sumario disciplinario que podría definir su continuidad en el Poder Judicial.
La jueza Irene Rodríguez, actualmente suspendida de sus funciones en el 8.º Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta cargos administrativos tras haber ordenado por error la liberación de un imputado que luego fue identificado como Alberto Carlos Mejía, presunto sicario involucrado en el asesinato de José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Los cargos fueron presentados por la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, quien cerró la investigación disciplinaria dentro del plazo legal de 30 días y notificó formalmente a Rodríguez el pasado 25 de agosto.
La jueza se encuentra ahora preparando su defensa en esta causa paralela a la investigación penal que también la involucra.
La formulación de cargos disciplinarios tiene como origen la liberación de Mejía el 10 de julio pasado, luego de haber sido identificado erróneamente como Osmar Ferrer en una audiencia judicial.
La decisión permitió que el imputado abandonara el penal Santiago 1, pese a estar vinculado con un crimen de alto perfil.
Actualmente, Alberto Carlos Mejía se encuentra detenido en Colombia, a la espera de su extradición a Chile.
Según La Tercera, la magistrada contaba con cinco días hábiles para presentar sus descargos, plazo que vencía este lunes. Sin embargo, según fuentes cercanas al proceso, solicitó una prórroga de tres días para reunir antecedentes y estructurar su defensa.
Desde el Poder Judicial confirmaron que el sumario disciplinario se encuentra en etapa resolutiva, aunque declinaron entregar detalles específicos, argumentando el carácter reservado de este tipo de causas.
Durante esta fase, Rodríguez podrá ofrecer pruebas a su favor, incluyendo testigos, documentos u otros antecedentes.
El plazo para presentar esta evidencia no puede superar los 10 días hábiles, contados desde que la fiscal judicial lo determine.
Posteriormente, el instructor del caso elaborará un informe que será enviado a la Corte de Apelaciones de Santiago, organismo que deberá emitir una resolución definitiva.
La jueza también tendrá la oportunidad de exponer oralmente su defensa en una audiencia de alegatos ante los ministros de la Corte.
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