Un nuevo antecedente relacionado con la defensa legal de funcionarios de Carabineros se dio a conocer durante las últimas horas.
Según información revelada por Radio Biobío, la Dirección de Bienestar de la institución policial contrató a dos abogados que están en la nómina de defensores de narcotraficantes elaborada por Contraloría.
Se trata de los profesionales Alejandro Peña y su socio José Villalobos, quienes también fueron fiscales.
El citado medio reveló que solo en mayo de este año, tanto Peña como Villalobos recibieron un pago de $2,5 millones cada uno.
Dicho dinero tendría como origen una mezcla entre los aportes de los funcionarios a la Dirección de Bienestar de Carabineros junto a otros recursos públicos.
Respecto a ambos casos, desde Carabineros indicaron que “la naturaleza de la información pública disponible en los sistemas de justicia no permite conocer de manera detallada la materia específica de cada una de las causas defendidas por los abogados. Por tanto, no fue posible realizar una discriminación exhaustiva en esa línea durante el proceso”.
“Los criterios de inhabilidad que establece la Ley 20.000 aplican para el ingreso a la planta de funcionarios públicos, lo que no corresponde en este caso, dado que se trata de asesorías jurídicas externas, por lo que no se configura vínculo laboral con la administración del Estado“, añadieron.
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