El viernes 3 de enero Chile ingresó su respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, luego que el pasado 13 de diciembre el organismo entregara su informe sobre la crisis social en Chile, en el que advirtió que tanto Carabineros de Chile como las Fuerzas Armadas incumplieron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
En un documento de 54 páginas, el Gobierno reconoció y lamentó los excesos cometidos por las fuerzas de orden y seguridad, y afirmó que el Ministerio Público está a cargo de investigar las denuncias por atropellos a los derechos fundamentales.
Por otro lado, el informe detalló que, para reestablecer el orden público, Carabineros debe ejercer un uso proporcional de la fuerza y que dispone de dos herramientas: escopetas antidisturbios y gases lacrimógenos.
Describe que las primeras son armas de fuego que constan de un tubo de almacenamiento, un sistema de alimentación de munición por corredora, un aparato de puntería fijo, una empuñadura y un seguro de disparo. Señala, además, que existen tres tipos de municiones para este armamento: cartucho calibre 12 de impacto no letal (compuesto de plomo), cartucho calibre 12 con perdigón de goma y cartucho calibre 12 con perdigones múltiples.
Si bien en una primera instancia el gobierno había asegurado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Carabineros no utilizada balines de acero en sus municiones, en este informe reconoce el uso de perdigones metálicos y no metálicos.
Además, el documento presentado ante la ONU no consigna un estudio realizado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile a mediados de noviembre sobre la composición de dos perdigones. De acuerdo al análisis, en ellos se encontró un 20% de caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos, como sílice (SiO2), sulfato de bario (BaSO4) y plomo (Pb).
Por otro lado, el informe señala que los gases lacrimógenos lanzados por Carabineros contienen CS, un polvo blanco, cristalino, simular al talco, “clasificado como agente irritante y lacrimógeno, que debe ser arrojado al aire con otro agente o en forma de polvo fino. El olor de acre, áspero, picante, similar al jengibre”.
De este modo, una vez más el gobierno desmiente el informe presentado por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR), en el que indican que detectaron elementos altamente irritantes, como hidróxido de sodio (soda cáustica), en el agua lanzada por el carro lanzaguas.
Modernización y curso de DD.HH.
“Para el Estado resulta fundamental reforzar una cultura de los DD.HH. en las policías y así lo ha hecho a través de distintas medidas”, señala el informe, para luego detallar las acciones tomadas por el Ejecutivo antes y durante la crisis social.
Afirma que, si bien en noviembre de 2018 se ingresó al Congreso un proyecto de ley para modernizar las policías, fue en diciembre del mismo año cuando se establecieron “15 medidas administrativas que Carabineros podía impulsar sin necesidad de una ley”, entre las que destacan la revisión y actualización constante de los protocolos, la creación de la Dirección Nacional de DD.HH. y un nuevo modelo de denuncias de conductas indebidas por parte de uniformados.
Dice que, hasta septiembre de 2019, el programa de formación en DD.HH. ha sido cursado por 46.218 funcionarios, tanto oficiales como suboficiales, pertenecientes a 26 reparticiones o zonas.
Investigaciones en curso
El informe detalla que la Defensoría Penal Pública todavía se encuentra recibiendo denuncias de “personas que alegan agresión de parte de efectivos policiales” y que hasta ahora se han atendido a más de 7 mil personas.
Asegura que los organismos a cargo de investigar y sancionar los delitos están funcionando, y que se “ha elaborado una serie de registros que dan cuenta de presuntas víctimas, tales como el registro específico de personas que pueden haber fallecido bajo la custodia del Estado, un registro de personas que pueden haber fallecido en un contexto de saqueos a locales comerciales y/o manifestaciones públicas”.
Igualmente, el informe dice que “se ha creado un catastro de investigaciones penales a nivel nacional, por los delitos de tortura aprecios ilegítimos, abusos contra particulares, iniciados durante el periodo de excepción constitucional y manifestaciones públicas”.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hasta el 30 de diciembre se registraban 1.615 personas impactadas por perdigones, 230 por lacrimógenas, 185 por balines y 51 por balas. Además, se contabilizaban 359 personas con heridas oculares, de las cuales 24 corresponden a pérdidas del globo ocular.
En relación a los fallecidos, el documento dice que hay 26 personas fallecidas vinculadas a los hechos posteriores al 18 de octubre, según cifras de la Subsecretaría de DD.HH. Del total, el INDH ha considerado que en cinco casos existe eventual participación del personal uniformado, razón por la cual ha presentado querellas por homicidio.
El informe precisa que, en uno de esos cinco casos, el Fiscal Regional responsable de la investigación “descartó que el autor del delito fuera un miembro de las Fuerzas Armadas y de Orden, formalizando a un ciudadano privado como el autor”.
Derecho de reunión y libertad de prensa
El documento es categórico en afirmar que “en Chile no ha habido ningún tipo de restricción a los medios de comunicación”.
Para fundamentarlo, dice que durante el estado de excepción se otorgaron 1.746 salvoconductos a periodistas y otros profesionales de medios de comunicaciones, “con el objeto de que realizaran sus labores informativas sin entorpecimiento”.
Además, afirma que “el gobierno ha garantizado el derecho a reunión y manifestación pacífica” y detalló que, desde el 18 de octubre hasta la fecha, un total de 4,5 millones de personas han participado en marchas y manifestaciones públicas, “lo que da cuenta del ejercicio eficaz de este derecho”.
Por último, el documento cierra diciendo que “Carabineros de Chile, desde su creación, ha sido una policía con tradición de protección a los Derechos Humanos y de cercanía con la ciudadanía”.
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