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A diez días de la imagen del presidente Sebastián Piñera acompañando hasta el final a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, después de que juntos pactaran una tregua entre gobierno y oposición para ir en ayuda de quienes más sufren por la pandemia, todavía no hay acuerdo. Sí propuestas más concretas.

La oposición está terminando de afinar lo que denominan Renta Básica Universal de Emergencia: $600 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, más gastos familiares esenciales como endeudamiento, enfermedades o educación.

Según el senador Guido Girardi (PPD) con esta renta de emergencia se busca “ayudar a pasar esta crisis, a disminuir la angustia, la incertidumbre, y que sean universales, sin restricciones”.

Para el senador Juan Antonio Coloma (UDI) existiría una cuestión de injusticia en plantear esta renta desde la universalidad: “¿Es justo dárselo a todos por igual o hay que tratar de concentrarse en los que han perdido la pega, en los que han estado enfermos?”.

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El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, insistió en el mismo punto, asegurando que no todos entienden lo mismo por “básica” ni “universal”.

Esa renta de emergencia, que para el gobierno consistiría en un Ingreso Familiar de Emergencia reforzado, debiera considerar el 100% de quienes estén inscritos en el Registro Social de Hogares. Es decir, más de 6 millones y medio de familias.

¿Por cuánto tiempo? El que sea necesario, dicen desde la oposición, teniendo preliminarmente septiembre como tope.

“Esperamos que estas propuestas como también las propuestas que se están presentando en materia de salud mental sean recogidas por parte del gobierno. ahora la pelota está en su cancha”, dijo la diputada Natalia Castillo (Ind).

Cómo financiar dicha renta de emergencia: la oposición propone utilizar parte de los excedentes del cobre, ahorro de Chile en el exterior y endeudamiento.

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En Chile Vamos también afinan su propia agenda. Uno que se adelantó fue Joaquín Lavín (UDI) quien propuso que se transfiera a cada jefe de hogar inscrito en el Registro Social de Hogares un monto a gastar en la pequeña y mediana empresa.

“Consiste en que al 100% de los hogares que están hoy día en el Registro Social de Hogares se les va a cargar en su cédula de identidad 100 mil pesos que solamente van a poder gastar en pymes”, explicó el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

Diego Schalper (RN), en tanto, agregó que “dos de cada tres jefes de hogares son mujeres, por lo que son una ayuda directa a personas que tienen que sacar adelante con mucho empeño a sus familias”.

Las propuestas serán procesadas por el gobierno para presentar proyecto de ley lo antes posible. Aunque a pesar de la premura, algo queda claro: un acuerdo antes de las elecciones es un escenario muy, muy difícil.

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