Pasada las 9:30 de la mañana del viernes 30 de noviembre, la jueza Sandra Nahuelcura Villamán dio inicio a la audiencia de formalización de cuatro ex carabineros por el caso Catrillanca.
Nahuelcura es una de los cuatro jueces de origen mapuche en Chile, y es la única titular, con ese origen, de un tribunal de justicia penal en La Araucanía.
En mayo de este año juró como jueza en Collipulli, instancia en que aprovechó de agradecer la oportunidad y aseguró que con este nombramiento veía coronado “un periodo de mucho sacrificio familiar y personal”, consigna Radio Viaducto.
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Oriunda de Los Ángeles, Sandra estudió derecho en la Universidad de Concepción. Luego de graduarse, se desempeñó como funcionaria del Ministerio Público por cinco años, hasta que decidió especializarse en la Academia Judicial.
En 2013 y hasta 2014 trabajó como secretaria de la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, conocida por llevar la investigación del caso MOP-Gate.
En mayo de 2017, trabajando como secretaria en el tribunal de Collipulli, tuvo que enfrentar el caso de agresiones que sufrió el fiscal Enrique Vásquez de parte de comuneros, en medio de un procedimiento abreviado contra Germán Melinao y Alexis Melinao, por infracción a la Ley de Bosques.
Sandra Nahuelcura lleva ahora el caso Catrillanca, que incluye los delitos de homicidio simple consumado, en el caso de Camilo, y homicidio simple frustrado contra el adolescente M.A.P.C., además de la destrucción de documentos.
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Participación indígena
El abogado y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin, señaló que la poca cantidad de jueces con orígenes en pueblos originarios, como es el caso de Sandra Nahuelcura, muestra “la subrepresentación indígena en el Poder Judicial y en espacios de magistratura”.
“Solo hay que recordar que la demografía indígena en este país, de acuerdo al último Censo, alcanza el 12%”, señaló Aylwin a La Segunda.
En relación al Convenio 169 de la OIT, Chile tendría un rezago “importante en esa materia”, puesto que allí se establece “que existe este derecho de resolver los asuntos internos por parte de los sistemas de justicia indígena“.
“También”, agrega el consejero del INDH, “en la formación para la Justicia del Estado, de jueces indígenas y no indígenas en el conocimiento del derecho propio de los pueblos originarios”.
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