Este viernes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado tras los incidentes que tuvieron lugar en Santiago.
La Ley de Seguridad Interior del Estado, precisamente la Ley 12.927, contempla en su Título III los “delitos contra el orden público”, apartado que sería utilizado por las autoridades ante los desmanes ocurridos entre las manifestaciones por el alza de pasajes en el transporte público.
Según explicó a BioBioChile el abogado penalista y ex fiscal militar, Rodrigo Vera, sería el artículo 6 de la letra C de dicho cuerpo legal el que podría servir en este caso al Gobierno.
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En este se establece que forman parte de los delitos contra el orden público “los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública“.
En ese sentido, las penas a estos hechos contemplan “presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal”.
Con todo, el experto explicó al medio mencionado que si bien arriesgan a 10 años de cárcel, la experiencia anterior indica que es difícil que eso ocurra.
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