La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia, presentado durante el gobierno de Michelle Bachelet en 2017, rechazando gran parte del articulado, pero aprobando la sanción del negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Chile.
La idea de la iniciativa es sancionar penalmente a quienes promueven discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, resulten en una apología del odio, capaz de desencadenar actos de violencia u otras acciones ilegales similares.
Sin embargo, y pese a que fue aprobado el artículo 1- que introduce un párrafo sobre incitación a la violencia y al odio en el catálogo de los crímenes y simples delitos-, la norma sobre incitación a la violencia física fue rechazada, tras no alcanzar los votos que se requerían de quórum calificado. En tanto, el artículo sobre la incitación al odio no alcanzó mayoría simple.
Además, fueron rechazadas las modificaciones a las leyes sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo; y la que establece la responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
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En cambio, con 75 votos a favor, 66 en contra y 6 abstenciones, fue aprobada la norma que sanciona el negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.
El proyecto establece pena de presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y multa de 40 a 60 UTM para quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los DD.HH. ocurridas por agentes del Estado durante ese período.
Además, puntualiza que la sanción se agravará en un grado si la conducta es cometida por un funcionario público, quien además será inhabilitado temporalmente, en su grado mínimo, para ejercer funciones públicas.
Durante el debate, el diputado Tucapel Jiménez (PPD), impulsor de una moción sobre negacionismo presentada en 2011, dijo que “la libertad de expresión tiene un límite, cuando se atenta contra la dignidad de las personas, cuando se violenta a las personas. Las palabras muchas veces causan más dolor y daño que la violencia física”.
Desde el oficialismo, en tanto, algunos parlamentarios calificaron la normativa como una “ley mordaza” contra la libertad de opinión.
Diego Schalper (RN), manifestó que “si aquí se pretende sancionar a aquellos que tienen una actitud negacionista respecto de las violaciones a los DD.HH. que se puedan cometer en la historia de Chile, cuesta entender que no se aplique el mismo parámetro respecto de aquellos que niegan violaciones a los DD.HH. actualmente sucediendo en el mundo. Es decir, aquí se sanciona un negacionismo histórico y no un negacionismo actual (…). Esa es la incoherencia”.
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