Presidenta del TC defiende fallo por Ley Escuelas Protegidas y advierte sobre Registro de Vándalos: “Quitar derechos sociales tiene barreras constitucionales”

La actual presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Daniela Marzi, abordó este miércoles los recientes fallos de la instancia, defendiendo la labor “contramayoritaria” y estrictamente jurídica del organismo. En una entrevista con Cómo te lo Explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, la ministra —cuyo mandato en la presidencia culmina el próximo 13 de julio— entregó luces sobre la reciente inconstitucionalidad del proyecto Escuelas Protegidas y respondió duramente a las críticas políticas recibidas tras la destitución de la exsenadora socialista Isabel Allende. “Lo que ellos plantean es un llamado a la corrupción“, sentenció la autoridad jurisdiccional sobre los reproches por no haber actuado con lealtad política hacia el gobierno.

En relación con la controvertida iniciativa Escuelas Protegidas, que buscaba condicionar o quitar la gratuidad universitaria a estudiantes involucrados en hechos de violencia grave, Marzi adelantó que los fundamentos definitivos se conocerán el próximo lunes cuando finalice la redacción del fallo, pero dio pistas sobre el criterio adoptado por la magistratura. “¿Tiene sentido retirarle un derecho social a alguien que está en una situación que se ha calificado de una inconducta, que la consecuencia sea una mayor barrera a la educación?”, se preguntó la presidenta del TC. En esa línea, agregó que “quitar derechos sociales tiene barreras constitucionales y que no pareciera razonable como respuesta ante estas graves inconductas”.

El pronunciamiento del TC sobre este tema generó inmediatas dudas respecto de la viabilidad de otros proyectos en carpeta, como el denominado Registro de Vándalos, que también propone inhabilidades para acceder a prestaciones sociales como la gratuidad o la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sobre esto, Marzi advirtió que la reciente sentencia “da un marco de aquellas líneas rojas que puede poner el Tribunal Constitucional a propósito de futuros proyectos”. A juicio de la ministra, el colegislador debería tomar nota, ya que “si se hace el trabajo, cuando el propósito es que llegue a haber alguna legislación en la materia, deberían poner atención” a lo que ya fue declarado inconstitucional de manera equivalente.

Durante la conversación, la abogada también abordó uno de los episodios más complejos de su gestión: el fallo que en abril de 2025 destituyó a la entonces senadora Isabel Allende Bussi por celebrar contratos con el Estado, decisión que fue duramente criticada por sectores del oficialismo al ser Marzi una jueza designada directamente por el Presidente Gabriel Boric. “Que autoridades o líderes de opinión puedan decir públicamente que nos reprochan no haber sido representantes de un mandato político me parece que desvirtúa la preocupación sobre la corrupción”, manifestó la ministra, recalcando que la independencia judicial exige fallar en base a la estricta “convicción jurídica” y no respecto de “supuestos mandatos”.

Finalmente, Marzi lamentó que las opiniones sobre el rol del TC sean eminentemente “partisanas” y guiadas por los resultados de cada sentencia, en lugar de analizar el mérito de las resoluciones. “Estoy casi segura que no he visto que despedacen con argumentos jurídicos alguna decisión del tribunal. Sí he escuchado descalificaciones, pero nunca he dicho ‘uy, aquí está la explicación, porque es un disparate, está justificado en el texto de la sentencia'”, afirmó la presidenta. Al ser consultada sobre si el tribunal debe sopesar la popularidad o el clamor ciudadano frente a temas de seguridad impulsados por el Congreso, fue tajante: “Si nosotros tuviéramos que mirar encuestas y decir, miren, aquí vamos a ser impopulares (…) si nosotros hiciéramos ese trabajo que es el del político, ¿qué sentido tendría tener a diez personas?”.