Presidenta del TC aborda críticas tras fallo de seguridad escolar: “Un derecho social no se puede usar o eliminar como un castigo”

A pocos días de entregar el mando del Tribunal Constitucional (TC) a la ministra María Pía Silva, la actual presidenta del organismo, Daniela Marzi, realizó un balance de su gestión y enfrentó los duros cuestionamientos dirigidos a la entidad. En conversación con Influyentes de CNN Chile, la autoridad abordó la polémica por su voto dirimente en la revisión del proyecto de Escuelas Protegidas y descartó tajantemente las acusaciones que tildan a la institución de operar como una tercera cámara legislativa.

Sobre la recurrente controversia del doble voto de la presidencia en caso de empate, Marzi aseguró que es una figura establecida legalmente y que no ejercerla escapa por completo a sus competencias. “Es una figura que es difícil defenderla porque un voto en caso de empate va a valer dos”, reconoció en la entrevista, añadiendo que sería positivo que el poder político reformara este mecanismo para acercarse al criterio de antigüedad que rige hoy en la Corte Suprema. “Yo no puedo evitar que en caso de empate el voto de quien preside valga por dos”, remarcó la máxima autoridad del Tribunal Constitucional (TC).

El debate sobre sus atribuciones se intensificó tras la revisión de las normativas de seguridad escolar, donde su postura definió la inconstitucionalidad de medidas impulsadas por el Ejecutivo, como la revisión de mochilas. Marzi catalogó la crítica como “injusta”, argumentando que en los últimos dos años ha tenido votaciones muy compartidas con diversos ministros del pleno. Al entrar en el fondo jurídico del fallo, explicó de forma meridiana que un derecho social de los estudiantes no puede ser suprimido como una sanción. “Un derecho social no se puede usar o eliminar como un castigo”, detalló, precisando que los beneficios sociales se dirigen a los segmentos vulnerables y quitarlos supone un severo quiebre a la igualdad.

En la misma línea, la ministra profundizó en los argumentos técnicos contra las medidas de seguridad del proyecto educativo, apuntando directamente a la falta de idoneidad en las atribuciones del personal docente. “El personal docente es quienes son los encargados de buscar artefactos incendiarios, armas (…), cómo estas personas que no tienen ninguna preparación para cumplir esas tareas”, cuestionó la abogada, marcando una diferencia sustancial con los estrictos protocolos de seguridad que se aplican en recintos privados, estadios o aeropuertos.

Por último, la presidenta rechazó las etiquetas del debate público que acusan a la entidad de actuar como una herramienta o socio estratégico de la oposición. Para despejar cualquier duda sobre el alineamiento ideológico de los magistrados, Marzi fue concluyente: “El tribunal no vota políticamente”. Junto con ello, criticó el tratamiento superficial que algunos sectores le dan a la trayectoria de los integrantes del pleno, concluyendo que desestimar la alta calificación académica de los especialistas “es un maltrato a la institución”.