Vallejo por eventual acusación contra Grau: Sostiene que parlamentarios “están en su derecho”, pero que “otra cosa es que tenga mérito”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la posibilidad de que sectores de oposición impulsen una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio del debate por el déficit fiscal, señalando que se trata de una facultad legítima del Congreso, aunque puso en duda su fundamento.

“Están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito”, afirmó la secretaria de Estado.

El eventual libelo se enmarca en la discusión por el déficit fiscal, que actualmente alcanza un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB). La normativa vigente establece que una acusación constitucional puede presentarse hasta seis meses después de que la autoridad deje el cargo, lo que extiende el plazo hasta septiembre.

Vallejo indicó que, hasta ahora, lo que existe es una evaluación preliminar por parte de la oposición, y recordó que durante el actual periodo se han impulsado múltiples acusaciones constitucionales contra autoridades del Ejecutivo.

Gobierno apunta a ingresos fiscales y contención del gasto

La ministra defendió el manejo fiscal del gobierno, el cuál ha sido duramente criticado a raíz de las malas cifras de déficit fiscal, y sostuvo que una de las características de la actual administración ha sido la contención del gasto público.

En ese contexto, planteó que el principal desafío está en el comportamiento de los ingresos fiscales, particularmente en el cumplimiento tributario por parte de grandes contribuyentes.

“El problema está en los ingresos esperados. La mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto, en función de lo que se espera, que paguen”, sostuvo.

Asimismo, la vocera señaló que es necesario evaluar medidas que fortalezcan la recaudación fiscal, incluyendo posibles ajustes normativos para asegurar que las empresas cumplan con sus obligaciones tributarias.