La Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional de O’Higgins son las dos principales apuntadas por un recurso de protección presentado por la ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en favor de las nietas de Eduardo Macaya. Dicha acción judicial fue realizada en representación de los padres de las menores.
De acuerdo al documento -presentado a fines de mayo- la acción constitucional se presentó por “acciones ilegales y arbitrarias” que han ejecutado ambas Fiscalías. Estas acciones, de acuerdo con el recurso, habrían afectado a las menores de edad ya que “han vulnerado, y mantienen en amenaza, los derechos a la vida e integridad física y psíquica, al respeto y protección a la vida privada y la honra de su persona y su familia, a la protección de los datos personales y al igual ejercicio de la ley en la protección de sus derechos”.
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¿Qué dice el recurso?
El recurso plantea que “el Ministerio Público, sin ningún tipo de cuidado y protección para las niñas, ha dado una inaudita e impropia publicidad a la denuncia y posterior investigación penal, la que se evidencia en las acciones que la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Regional de O´Higgins han realizado, con las que han permitido y promovido el conocimiento público de la identidad de las niñas, al ser de conocimiento público que tres de las cuatro presuntas víctimas serían nietas del imputado Sr. Macaya”.
En esa línea, sostienen que estas acciones de la Fiscalía no solo se han cometido “en franca contradicción con su deber de brindar protección a las víctimas, considerando que estima que lo son, sino que infringiendo la reserva de la causa (…) vulnerando, de manera grave y permanente en el tiempo, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de las niñas”.
Por todo lo anterior, plantean que “se declare la ilegalidad y arbitrariedad de las acciones” del Ministerio Público y que además “se declaren infringidos, por parte de las recurridas, los derechos constitucionales de las menores“.
Sumado a lo anterior, se solicitó a la que se ordene a la Fiscalía Nacional y a la Fiscalía Regional del Libertador Bernardo O´Higgins, eliminar “de todas sus plataformas de difusión pública, cualquiera sea su soporte, toda referencia e información a la causa penal referida“.
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