Polémica por rebajas a 56 reclusos: Ministerio de Justicia también habría emitido dos decretos en favor de internos de Punta Peuco

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Tras confirmarse que el Ministerio de Justicia otorgó una rebaja de pena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, durante este jueves se reveló que el Gobierno también habría firmado otros dos decretos para conceder dicho beneficio a internos de Punta Peuco.

De acuerdo con un oficio de la Subsecretaría de Justicia al que tuvo acceso Radio Bío Bío, serían dos los decretos que la cartera habría firmado para rebajar la pena de dos reclusos del Centro de Detención Preventiva de Tiltil, más conocido como Punta Peuco: uno condenado por secuestro calificado y otro por tortura.

A esto se le suma un tercer decreto que beneficiaría a un condenado por secuestro calificado, a quien en el oficio no se especificó el lugar donde cumple su pena.

Cabe destacar que en el documento oficial no se entrega más información detallada sobre las personas favorecidas y sus expedientes, por lo que aún se desconoce por cuáles delitos específicos fueron sentenciados y cuánto tiempo exacto se les restó de sus penas.

La polémica por la rebaja de penas a 56 condenados por delitos sexuales a menores

Desde el Gobierno han argumentado que la firma de los decretos para rebajar la pena de los 56 condenados por delitos sexuales a menores se dio conforme a la ley y que solo “es el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema“.

No obstante, tanto desde el oficialismo como desde la oposición se ha criticado el otorgamiento del beneficio. Incluso la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), informó que ingresó un proyecto de ley para delimitar el acceso de las rebajas de penas a quienes estén condenados por delitos sexuales contra niños o adolescentes.

Asimismo, ofició al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar más información respecto a los antecedentes que el Gobierno tomó en consideración para decretar la reducción de pena.

En tanto, desde la Defensoría de la Niñez manifestaron su rechazo ante la decisión y advirtieron que esto “representa un retroceso para la protección efectiva de la niñez”.

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