La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUMMEG) denunció algunas irregularidades en la cartera, tales como faltas a la probidad, uso indebido de recursos públicos y aumentos salariales que no contarían con los permisos correspondientes, a través de un comunicado difundido esta mañana.
El gremio encabezado por Paulina Cid señaló que las inconsistencias comenzaron en marzo -desde el inicio del gobierno de José Antonio Kast-, en el cual plantean que existen retrasos y problemas en pagos de horas extras, viáticos, sala cuna, y a proveedores. Incluso, aseguran que hay procedimientos mal elaborados y compras públicas fallidas.
Por ello, en el comunicado se señala que el ministerio está “prácticamente sin ejecución parlamentaria”, por lo que se pidió un “cambio de jefatura responsable de dicha área”, quien habría sido designada por la exsubsecretaria Daniela Castro, quien dejó la cartera tras problemas de convivencia con la ministra Judith Marín.
Desde la salida de Castro, aún hay funcionarios de confianza que fueron contratados por ella, lo que dificultaría una transición institucional adecuada. Asimismo, se sumó el conocimiento de lo que serían beneficios salariales autootorgados durante el período de cambio de las autoridades.
Tras la llegada de la nueva subsecretaria Marcia Raphael, la ANFUMMEG esperaba un cambio en el rumbo que estaba tomando la cartera, pero según el comunicado, “las personas responsables del debacle interno continúan en sus cargos”.
“Esto se desbordó. Nunca, en más de 20 años como funcionarias, habíamos sido testigos de algo tan falto de ética y responsabilidad funcionaria”, sostiene el escrito.
Por esta razón, enviaron dos denuncias: Una al Ministerio Público y otra a la Contraloría acusando corrupción y presuntos delitos funcionarios contra quienes resulten responsables del “desorden interno y del aumento de remuneraciones sin llevar a cabo los procesos adecuados”.
La asociación de funcionarias exigió la salida de quienes consideran los responsables del debacle del ministerio, una investigación transparente y eficaz sobre las mencionadas irregularidades, y medidas para resolver los problemas que afectan a la cartera.
Por último, exigieron a un nuevo auditor ministerial, la elaboración de un plan y garantías de que no existiría un debilitamiento, fusión o posible fusión del Ministerio de la Mujer.
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