El 30 de diciembre la AFP PlanVital presentó a la Superintendencia un plan de reestructuración que busca cerrar 15 sucursales y 3 centros de atención ubicados en 18 ciudades de 6 regiones. Esto equivale a una reducción de casi el 45% de la totalidad de sus oficinas, que hasta el momento son 41.
La iniciativa no ha estado excenta de polémicas. Ante la negativa del ente regulador, la Administradora de Fondos de Pensiones insistió en su implementación, y este jueves la institución instruyó una vez más para impedir la medida. El ex presidente de la comisión asesora previsional, David Bravo, explicó que la Superintendencia de Pensiones “está ejerciendo su rol de garante por el bienestar de los afiliados y poque se cumpla la normativa”.
Sin embargo, la administradora volvió a defender la medida, argumentando que se trata de un proceso de mejora continua y modernización de las plataformas de servicios. También informaron que se encuentran evaluando recursos legales para refutar el oficio, puesto que la Superintendencia no habría presentado estas objeciones frente a otras AFP.
La situación es compleja: se trata de la AFP que se adjudicó las últimas dos licitaciones de administración de nuevos afiliados, lo que obliga a varios de ellos a permanecer en PlanVital hasta por 24 meses sin posibilidad de cambio.
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