Este miércoles se cumple el plazo para que el presidente Sebastián Piñera responda a la acusación constitucional que parlamentarios de oposición presentaron en su contra.

En el libelo, presentado el pasado 19 de noviembre por Carmen Hertz (PC), Camila Vallejo (PC), Jaime Naranjo (PS), Claudia Mix (Comunes), entre otros congresistas opositores, se acusa a que el mandatario permitió la violación de Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, durante el contexto de las manifestaciones sociales.

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De acuerdo a fuentes de gobierno consignadas por La Tercera, en el documento que ingresará hoy a la comisión que revisa la acusación el abogado del jefe de Estado, Juan Domingo Acosta, se apelará a que no se cumplen las exigencias mínimas para avanzar con el libelo.

Además, se argumentará que se le están imputando al mandatario hechos que fueron realizados por terceros.

Según el matutino, la apuesta del Ejecutivo es frenar la cuestión previa, para lo cual se ha elaborado un plan que tiene como objetivo tres ejes principales: político, legislativo y jurídico.

La ofensiva del primero tiene relación con la línea discursiva que tendrá el gobierno y los parlamentarios de Chile Vamos; en lo legislativo se incluyen las tratativas con los miembros de la oposición para evitar que la acusación adquiera fuerza; y en el plano judicial se incluye la defensa y el punto de vista legal.

En caso de que la cuestión previa sea rechazada y la acusación siga su curso, se requerirá en sala la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio. A la vez, si llega a pasar a la Cámara Alta, se necesita de una votación de 2/3.

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En la publicación se detalla que el documento ha sido trabajado por Acosta junto a la Presidencia y el equipo jurídico de la Segpres, con supervisión estricta de Sebastián Piñera.

Tras su intervención en la comisión revisora este martes, el canciller Teodoro Ribera indicó que en el libelo los parlamentarios usan “expresiones diversas: de repente hablan del honor y seguridad de la nación, luego hablan de la imagen de la comunidad nacional, luego hablan del prestigio. Son todas expresiones distintas y no dicen lo mismo, y eso perjudica indudablemente el legítimo derecho a la defensa del Presidente de la República y debería ser, por tanto, rechazada y como cuestión previa“.

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