Pese al rechazo de la Suprema: Subsecretario Silva habría solicitado rebaja de condena para exagente de la CNI

Durante la tarde de este jueves se reveló que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, habría solicitado formalmente a la Corte de Apelaciones de Santiago acceder a la petición de rebaja de condena de un exagente de la CNI, la cual había sido rechazada meses antes por la Corte Suprema por tratarse de un “condenado por delitos de lesa humanidad”.

El principal argumento con el que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido la firma de decretos para conceder la rebaja de penas es que se estaba cumpliendo con los criterios de la Corte Suprema. No obstante, un reportaje de T13 reveló un caso que debilita dicho argumento, ya que el subsecretario habría enviado un oficio para solicitar que se le otorgue el beneficio a un preso que el Poder Judicial rechazó en más de una ocasión.

Se trata del caso del exagente de la CNI, Patricio González Cortés, que fue condenado a 10 años de prisión por la desaparición de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987, y que a través de su defensa solicitó el beneficio penitenciario.

La solicitud fue rechazada en primer lugar por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, debido a que González no colaboró con la investigación por el secuestro de los desaparecidos. Ante ello, su abogado presentó un recurso de amparo para anular el rechazo del Ministerio, el cual terminó por ser ratificado tanto por la Corte de Apelaciones, el 10 de noviembre de 2025, como por la Corte Suprema, el 2 de diciembre de ese año.

“Conforme a lo hasta aquí señalado, la decisión del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de rechazar el beneficio de reducción de condena a Patricio Leonidas González Cortés no resulta ser ilegal, toda vez que se fundamentó en que el solicitante no reunía el requisito del artículo 110 N°4 letra a) del Estatuto de Roma, norma aplicable al caso conforme a lo indicado precedentemente, requisito que no se ha indicado se hubiere cumplido por el condenado”, sostiene el fallo que respaldó el rechazo de Gajardo.

Pese a los reveses previos, el 30 de abril González Cortés y su defensa acudieron nuevamente a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema para solicitar su liberación. Los tribunales declinaron revisar el fondo del asunto argumentando que era “cosa juzgada”, lo que derivó en un nuevo rechazo del máximo tribunal el 27 de mayo.

El oficio de Silva y la respuesta de los tribunales

De acuerdo con el medio antes citado, Silva habría enviado un oficio el 2 de octubre de 2026 a la Corte, en el que argumentó que el delito de González no es por sí solo una causal legal para negarle el beneficio, dado que cumple con los requisitos establecidos por la ley, como la “conducta sobresaliente” que el exagente de la CNI registró en los penales de Punta Peuco y Colina 1.

“La gravedad del delito, la naturaleza del bien jurídico afectado o la consideración de la entidad de la pena impuesta no constituyen causales autónomas de exclusión del beneficio contempladas en el artículo 17. En consecuencia, tales circunstancias no pueden ser invocadas, por sí solas, como fundamento para rechazar administrativamente un beneficio cuya procedencia se encuentra determinada por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”, se lee en el documento.

“En consecuencia, atendido el carácter reglado de la facultad administrativa en esta materia, y considerando que la gravedad o naturaleza del delito no constituye, por sí sola, una causal legal de exclusión, esta Subsecretaría estima que el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado“, concluyó el oficio.

Pese al oficio del subsecretario, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema volvieron a rechazar el recurso de amparo presentado por la defensa del exagente el pasado 22 de octubre, de manera que continuará cumpliendo su condena en el recinto penitenciario de Colina 1.

Este caso abre un nuevo flanco en contra del Ministerio de Justicia en medio de la crisis que vive por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, violadores de derechos humanos y una banda extorsiva que decía pertenecer al Tren de Aragua.