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La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que los funcionarios de las Fuerzas Armadas que hayan sido sometidos a prisión preventiva no podrán percibir remuneraciones.

El dictamen sostiene que la medida se aplica “si un empleado ha sido detenido o sometido a prisión preventiva durante un juicio criminal, y por ello se ausenta del servicio”.

La medida sólo es válida hasta que el funcionario sea absuelto o sobreseído. Según detalla el ente fiscalizador, “si el proceso aludido termina por absolución o sobreseimiento definitivo, procede el pago de dichas sumas, ya que en ese evento debe estimarse que el referido servidor ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor, acorde con lo prescrito en el artículo 45 del Código Civil”.

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Desde Contraloría señalaron que este pronunciamiento surge luego de una consulta efectuada por una funcionaria del Ejército que entre el 10 de julio y 10 de agosto en 2018 no recibió su remuneración por estar en esa condición judicial.

La medida afecta a funcionarios del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y tanto personal militar como a civiles que trabajen en las FF.AA.

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