La tarde de este jueves, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, sin oposición de Fiscalía, decidió acoger la cautela de garantías por la defensa de la diputada Karol Cariola para borrar fotos y chats privados.
El organismo judicial concedió permiso para acceder en un plazo de tres días al contenido de los dispositivos electrónicos incautados en el domicilio de la parlamentaria.
El objetivo sería extraer y eliminar información no pertinente a la causa, como comunicaciones de crítica política, vida personal y familiar, y grabaciones del parto.
Además, se dispuso que el iPhone y el notebook incautados permanezcan bajo la custodia exclusiva del fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, en la Fiscalía Regional de Coquimbo, sin ser entregados a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros ni a ningún otro agente público.
¿Por qué fue formalizada Karol Cariola?
Este fallo se enmarca en la investigación relacionada con la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, liderada en ese entonces por la alcaldesa Irací Hassler.
La transacción, pactada en 8.200 millones de pesos, fue cuestionada por presuntos sobreprecios y posibles irregularidades en la tasación del inmueble.
En este contexto, el nombre de la diputada Cariola apareció en un informe de la PDI que reveló su participación en la idea de desarrollar una clínica municipal vinculada a la compra del inmueble.
El 3 de marzo de 2025, la PDI allanó el domicilio de la diputada Cariola, incautando un notebook y un teléfono celular en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias.
Este procedimiento se llevó a cabo pocas horas después de que la diputada diera a luz a su primer hijo y mientras aún permanecía hospitalizada. Cariola entregó voluntariamente sus dispositivos electrónicos y expresó su disposición a colaborar con la justicia.
La defensa de la diputada, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, criticó el procedimiento, señalando que el diputado Tomás de Rementería, pareja de Cariola, fue presionado para entregar los teléfonos de otros hijos menores sin una orden judicial adecuada.
Este caso ha generado un amplio debate en Chile sobre la protección de los derechos durante los procedimientos judiciales y policiales, especialmente considerando el contexto personal de la diputada en el momento del allanamiento.
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