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En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera anunció una ley para un nuevo financiamiento a las Fuerzas Armadas. 

La iniciativa contiene indicaciones que derogan la Ley Reservada del Cobre, que contempla el traspaso directo del 10% de las ventas de Codelco a la institución castrense.

En la presentación, el mandatario explicó que buscará que el financiamento tenga “un mecanismo más transparente, un mecanismo más eficiente, un mecanismo que tenga un mejor control democrático de los gastos, las inversiones de nuestras Fuerzas Armadas, y que además ese mecanismo no dependa de una variable como es el precio del Cobre”.

La medida no modifica el presupuesto ordinario que contempla cada año la ley de presupuesto.

Por su parte, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que “este es un cambio muy de fondo porque es una transición definitiva desde un sistema cuyo financiamiento no había sido resuelto en democracia”.

Cambios

Con la derogación de la ley reservada, el Ejecutivo pretende que Codelco traspase el 10% de sus utilidades al Fisco por 12 años para la confección del presupuesto plurianual, y no directamente a las Fuerzas Armadas.

También crea un fondo especial para eventualidades, como catástrofes naturales o conflictos bélicos.

Apoyo transversal

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, manifestó la voluntad del sector de avanzar en la tramitación en la iniciativa. “Es una demanda del mundo democrático que venimos planteando desde hace décadas”, explicó.

Por su parte, la diputada RN, Paulina Núñez, valoró que el proyecto contemple un presupuesto plurianual.

A su vez, el diputado de RD, Pablo Vidal, destacó que “es una buena noticia, es una decisión correcta del Presidente Piñera. Cabe la pregunta de por qué tuvieron que pasar tantos Gobiernos desde la vuelta a la democracia para que esta decisión se tomara”.

Críticas a la ley reservada

El cuerpo legal data de 1958 y durante la dictadura fue modificada en 7 oportunidades.

El año 2016 perdió su carácter de reservado y su contenido se hizo público. Ese mismo año la ley fue cuestionada por el estallido del “Milicogate” y el millonario déficit de la minera estatal, la cual terminó teniendo una capitalización por US$ 975 milones. Pese a ello, la derogación no estaba en las prioridades del Gobierno ni de Hacienda, encabezada entonces por el ministro Rodrigo Valdés.

Esto se debatía a finales de aquel año:

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