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La Policía de Investigaciones (PDI) informó que, después de una semana de fiscalización al uso del Permiso Único Colectivo, se presentaron 8 denuncias y se sumarán otras 15 acciones judiciales contra empresas que funcionaban con permisos fraudulentos o sin autorización.
Desde la institución indicaron que durante dicho período realizaron inspecciones a 80 compañías para vigilar el uso del documento, que excluye de las restricciones a la movilidad durante el día y en horario de toque de queda a aquellas que acrediten que su giro es imprescindible para la población.
La PDI indicó que se han identificado distintas prácticas, como la de una fábrica de cortinas en Colina que en mayo había ampliado su giro al de farmacia par continuar con sus labores.
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También mencionaron otro caso descubierto el viernes en Conchalí, donde un taller mecánico de compraventa de vehículos estaba en funcionamiento pese a que no contaba con autorización, ya que tampoco es considerado como un servicio esencial.
Los autores de delitos contra la salud pública arriesgan penas de hasta tres años y un día de cárcel, lo que puede aumentar hasta cinco años y un día en caso de agravantes como reiteración.
Hasta el momento, 286.848 empresas han recibido el Permiso Único Colectivo desde su habilitación en junio.
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