Este lunes se iniciaron las formalizaciones en el llamado caso tsunami. Patricio Rosende, Carmen Fernández, y representantes del Centro de Alerta Temprana y del SHOA de la Armada, fueron imputados por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de maremoto el 27 de febrero de 2010.
Claudio Ortiz, padre de una de las víctimas del maremoto, quiso entregarle la foto de su hijo a dos de los imputados de un proceso que busca establecer a los responsables del cuasidelito de homicidio de 156 personas y la desaparición de otras 25 en ese evento.
En la primera fase ya realizada, Solange Huerta, fiscal con dedicación exclusiva, enfatizó en los problemas de comunicación ocurridos aquel día. Aseguró que si bien habían 14 aparatos satelitales, 12 de ellos se encontraban en una bodega. En tanto, el abogado de la familia de una de las víctimas, Raúl Meza, calificó los dichos de Huerta, como una ayuda para la petición en términos de competencia que desean interponer. Además, destacó los delitos cometidos dentro de la justicia militar, ya que el Shoa tiene dependencia directa de la Armada de Chile.
Por otra parte, Alfredo Morgado, otro de los abogados querellantes, descartó requerir la presencia de Michelle Bachelet , dado que no se le adjudica algún tipo de responsabilidad.
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