Un nuevo giro se dio a conocer en el Caso Monsalve este miércoles.
Y es que la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que los correos electrónicos intercambiados entre Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso, y Carlos Durán, asesor de Interior, deben ser entregados, desestimando el intento del Gobierno por mantenerlos en reserva.
La decisión responde a un requerimiento de transparencia presentado por el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien buscaba conocer si desde la Presidencia se iniciaron gestiones para reemplazar al entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en octubre de 2024, en medio de la controversia generada por una denuncia de agresión sexual en su contra.
Reclamo del Gobierno, rechazo del tribunal
El Ejecutivo, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), había impugnado la instrucción inicial del Consejo para la Transparencia, que ordenó la entrega de los correos enviados entre el 14 y el 18 de octubre de ese año.
Según el CDE, revelar esos mensajes afectaría la “esfera de la vida privada” y vulneraría la “inviolabilidad de las comunicaciones privadas”.
Sin embargo, los argumentos del Gobierno no convencieron al tribunal de alzada, que concluyó que los correos institucionales entre funcionarios públicos son, por regla general, información pública, especialmente cuando están vinculados al ejercicio de sus funciones.
No hay privacidad en actos públicos
El fallo fue claro: al tratarse de comunicaciones entre asesores de gobierno, en el contexto de sus labores oficiales, no existe expectativa razonable de privacidad.
“No se acreditó que su entrega afecte derechos constitucionales”, sostiene el texto judicial, aunque se aclara que datos personales o sensibles deberán ser debidamente tachados antes de su difusión.
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