A más de una década de su ingreso al sistema de evaluación ambiental, el proyecto minero Dominga enfrenta un nuevo capítulo judicial. Tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló una resolución del Tribunal Ambiental que buscaba revertir la negativa al proyecto, la empresa Andes Iron anunció que recurrirá a nuevas instancias.
En entrevista con CNN Chile Radio, el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, analizó la situación y los riesgos que enfrenta la institucionalidad.
“Un proyecto fallido”
Costa recordó que Dominga ha sido rechazado en tres ocasiones por la administración del Estado debido a “sus grandes falencias técnicas”. Sobre el reciente fallo, explicó que la Corte de Apelaciones determinó que el Tribunal Ambiental utilizó “un procedimiento que no está considerado en la ley, un invento ad hoc para Dominga”.
Por ello, la empresa puede recurrir, pero el abogado lo considera inútil: “El proyecto es claramente fallido, tiene información totalmente fuera de fecha, previa a 2013. Si quisiera ejecutarse de manera razonable, debería presentar una nueva evaluación ambiental”.
Respecto al anuncio de Andes Iron de iniciar obras tempranas este año, Costa fue categórico: “Está rechazado su proyecto. No pueden iniciar obras. Pueden hacer otras actividades, pero las del proyecto propiamente tal no las puede realizar hasta que tenga un permiso, y el permiso no lo tiene”.
La sombra del nuevo gobierno
Consultado sobre el escenario que abre la llegada de la nueva administración, con un discurso pro inversión y en contra de la “permisología”, Costa expresó su preocupación. “La ideología que empujan las personas electas es una ideología que no respeta a las personas, los derechos, las naciones, el medioambiente”, señaló, en referencia a gobiernos de derecha en el mundo. Sin embargo, depositó su esperanza en las instituciones chilenas: “Espero que el próximo gobierno cumpla la ley, que asegure neutralidad y evite problemas de probidad”.
Sobre un eventual favoritismo hacia Dominga, el director de FIMA fue enfático: “El proyecto no está en la administración del Estado, está en los tribunales. Si se hiciera alguna acción para favorecerlo, habría que revisar las bases jurídicas, pero sería muy difícil sin tener un problema de probidad”. El caso continúa su curso judicial, mientras la incertidumbre ambiental y política persiste.
