La empresa, que atraviesa su segundo proceso de reorganización judicial, debe presentar una propuesta definitiva para evitar su liquidación. Acreedores exigen certezas y un plan concreto para salvar los empleos de 1.800 trabajadores.
Multitiendas Corona S.A., con medio siglo de historia y 51 locales en todo Chile, enfrenta uno de los momentos más críticos de su trayectoria. La compañía atraviesa por segunda vez un proceso de reorganización judicial bajo la Ley 20.720, luego de que la primera reestructuración en 2020 —aunque permitió pagar el 100% de los créditos— dejara a la empresa sin liquidez suficiente para sortear las crisis que siguieron a la pandemia.
Actualmente, el pasivo con derecho a voto asciende a $32.949 millones, lo que representa el 100% de los créditos verificados. En una audiencia realizada el pasado 2 de abril, el Primer Juzgado Civil de Santiago aprobó suspender la junta de acreedores y reprogramarla para el 12 de mayo, otorgando un plazo final para presentar una propuesta que permita evitar la quiebra.
Durante la sesión, a la que asistieron 70 acreedores —que representan el 95,13% del pasivo— se discutieron dos posibles vías para salvar a la empresa: una inyección de capital por parte de los accionistas mediante la venta de activos, o la venta total de la compañía a un inversionista chino, quien propuso una capitalización por 30 millones de euros.
No obstante, las diferencias entre los accionistas han impedido llegar a un consenso, provocando sucesivas suspensiones del proceso.
Gonzalo Fanjul, asesor financiero de Corona, aseguró que durante los últimos diez días se trabajó en mejorar las propuestas iniciales, que no eran viables.
Apuntó que el objetivo es asegurar la continuidad del negocio y proteger los puestos de trabajo. Por su parte, el apoderado de la empresa, Nelson Contador, advirtió que cualquier solución requiere acuerdos no solo con los acreedores financieros, sino también con los proveedores.
Desde el Banco de Crédito e Inversiones, el abogado Juan Pablo Domínguez exigió un cronograma claro y sin nuevas postergaciones, señalando que la incertidumbre generada por las suspensiones previas no puede continuar.
En respuesta, el tribunal —tras oír a las partes— fijó un plazo máximo de 30 días para presentar una propuesta definitiva. Allan Hornig, representante legal de la empresa, comprometió a la administración a cumplir con el plazo.
A su vez, Matías Jarpa, fiscal de Corona, aseguró que proporcionarán toda la información necesaria para que la propuesta pueda ser evaluada adecuadamente.
La jueza Isabel Zúñiga hizo hincapié en el impacto social del caso, especialmente para los 1.800 trabajadores de la firma, y advirtió que aprobar un plan inviable sería un riesgo inaceptable.
El tribunal reiteró que durante este período de suspensión, los acreedores continúan bajo protección financiera, lo que impide acciones legales individuales contra la empresa.
Finalmente, representantes de Banco Santander sumaron presión, demandando certezas y avances concretos antes de la audiencia reprogramada para el 12 de mayo, fecha que podría definir el destino final de la emblemática multitienda chilena
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