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El abogado Fernando Atria realizó los alegatos ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el recurso de protección presentado para que Jimena González, quien padece de una enfermedad respiratoria terminal, pueda retirar sus fondos de forma anticipada de AFP Habitat, tras la negativa de la aseguradora.
La mujer de 69 años fue diagnosticada con un año de vida y necesita un respirador artificial portátil cuyo valor asciende a $4 millones, mientras que ella tiene un ahorro previsional de $170 millones. Actualmente la constructora civil recibe una pensión de $1 millón y alega que no puede costear los gastos de la enfermedad y, además, la máquina.
Atria señaló ante el tribunal de alzada que el reclamo apunta a que “la propiedad de los fondos es de los trabajadores y resulta que la propiedad de los trabajadores no la pueden usar los trabajadores“.
“Eso no sería aceptable en ningún otro caso, para ninguna otra propiedad, es cosa de pensar qué dirían los banqueros si la ley dice que la propiedad es de ellos pero la van a administrar otras personas. Estamos reclamando tener el mismo régimen que las otras propiedades y, en este caso, la contradicción se muestra de la forma más brutal e inhumana posible”, agregó.
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De este modo, aseguró que Jimena busca “vivir con dignidad el último año de su vida” y que su propósito al comprar la máquina es tener “la suficiente autonomía como para desplazarse por su barrio, ver a sus amigas, salir de su departamento”.
“LA AFP recurrida, para demostrar que el dinero es suyo, le dice ‘pero sus herederos lo podrán heredar’. Entonces ya no sólo un problema de contradicción jurídica, de irracionalidad, hay un problema de inhumanidad”, añadió.
En tanto, a través de un video, la mujer manifestó que “si me quedan poco meses, yo creo que tengo que tratar de alguna forma de vivir mejor. Quiero que me den un poco de plata para un mejor morir”.
Se espera que, tras los alegatos, la resolución sea publicada en los próximos 15 días. Aún así, la sentencia -favorable a quien sea- podrá ser apelada ante la Corte Suprema.
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La acción fue presentada luego de que este miércoles se conociera el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca a favor de Jorge González Uribe, que dictaminó que la AFP Provida deberá devolver en un plazo de 30 días el total de su fondo de pensiones ($23 millones). El hombre está jubilado desde abril de 2017 con una pensión de $167 mil, siguió trabajando y en abril de ese año perdió un ojo en un accidente laboral.
En dicho fallo, el tribunal de alzada estableció un actuar arbitrario e ilegal de la AFP recurrida, al negar la restitución íntegra de los fondos, infringiendo el derecho de propiedad, garantizado por la Constitución.
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