“Las acusaciones son graves y carecen de fundamento”: Minvu niega “acoso” del ministro Poduje a la diputada Gazmuri

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) aseguró que las acusaciones de la diputada Ana María Gazmuri sobre un presunto “acoso” del ministro Iván Poduje “carecen de fundamentos” y “son graves”.

La parlamentaria anunció durante esta semana que, junto a su equipo, está evaluando presentar una denuncia por Ley Karin contra el titular de la cartera. Esto, tras señalar que el secretario de Estado la está “acosando en términos personales” luego de su intervención en la Comisión de Vivienda de la Cámara por el caso de las demoliciones de inmuebles en el sector El Olivar.

El ministerio se pronunció ante estas declaraciones y afirmó que “las acusaciones personales de acoso realizadas contra el ministro son graves y carecen de fundamento”.

En esa línea, la cartera enfatizó que “las discrepancias entre el ministerio y la diputada respecto del proceso de reconstrucción han sido públicas y conocidas desde hace meses, pero ello no justifica falsas imputaciones de carácter personal que no guardan relación con las conversaciones sostenidas ni el fondo de esta discusión: la seguridad de las familias damnificadas”.

Afirman que las demoliciones de las viviendas tienen un respaldo técnico

En su declaración pública, consignada por Radio Biobío, el Minvu también aseguró que es “falso” que la decisión de demoler las viviendas del sector haya sido tomada “sin respaldo técnico o sobre la base de criterios arbitrarios”, ya que se basaron en los resultados de los informes especializados elaborados tanto por el ministerio como por la Universidad de Chile.

Dichos estudios “identificaron graves deficiencias constructivas”, tales como:

• Incumplimiento de la normativa de resistencia al fuego.
• Observaciones estructurales.
• Uso de materiales sin la debida certificación.
• Inconsistencias entre los proyectos aprobados y las obras ejecutadas. 

Además, desde el gobierno desmintieron la afirmación de que no existen autorizaciones para las demoliciones, explicando que cuentan con el consentimiento de los propietarios, quienes “fueron informados de los antecedentes técnicos y de las alternativas constructivas disponibles. Solo hay 6 viviendas que no fueron parte del proceso“.

Por último, sostuvieron que “el Ministerio tiene el deber legal y moral de garantizar que las viviendas que entregue el Estado cumplan plenamente con la normativa vigente”.