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Hoy se conoció la decisión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, de revocar prisión preventiva del ex carabinero Patricio Maturana, imputado por lesiones contra Fabiola Campillai.

Hace solo dos días atrás, el Tribunal de Garantía de San Bernardo había dictado la medida contra Maturana, formalizado por apremios ilegítimos con lesiones graves y gravísimas. Ahora, cumplirá arresto domiciliario total.

Junto a la CUT y miembros de La Lista del Pueblo, Campillai acudió hasta las afueras de La Moneda para manifestar su indignación.

En la instancia, la mujer hizo un llamado público a la protesta: “hasta que haya justicia en este país (…) salgamos a las calles y destruyamos todo y quememos todo“.

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Tras esto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a los dichos en una conferencia de prensa: “siempre se ha lamentado lo que le ha ocurrido y queremos decir que siempre se ha colaborado para que en este caso puedan estar todos los antecedentes a disposición de la justicia“.

Sin embargo, Delgado apuntó a que “también hay que entender que el Estado de derecho opera con la separación de los poderes y uno puede empatizar, obviamente, con la situación que ella ha vivido, pero en democracia deben haber llamados que sean responsables, justamente, con el Estado de derecho”.

Finalmente, sentenció que “las declaraciones que ella ha hecho hace algunos minutos, no son propias de una democracia“.

Llamado a la protesta social

Durante la manifestación fuera de La Moneda, Rafael Montecinos, vocero de La Lista del Pueblo y uno de los acompañantes de Fabiola Campillai, afirmó que “lo que nosotros queremos es que la gente se vuelva a activar, la única manera de pedir justicia, que el gobierno y el parlamento pueda legislar y hacernos caso, es la presencia de la gente en las calles” y añadió que “lamentablemente, eso es lo único que ha dado resultado“.

En ese sentido, el mensaje de Montecinos fue que “llamamos a la gente a movilizarse, a salir a las calles y a pedir justicia por la compañera Fabiola”, pero, además, confirmó que junto a Campillai están analizando llevar el caso ante cortes internacionales de derechos humanos.

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