La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió al requerimiento entregado por la oposición con el que buscan revocar siete de los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric, entre los que se encuentra el del ex frentista Jorge Mateluna.
“Al tener esta discusión en la Contraloría General de la República y en el Tribunal Constitucional la discusión es netamente jurídica”. Además, la ministra señaló que el requerimiento presentado por la oposición se basa en la institucionalidad de los indultos y no precisamente en los indultos realizados por el actual Gobierno.
“Esta discusión nos lleva a pensar más allá de los indultos de un gobierno en particular, si no que de todos los gobiernos”, comentó.
Por otro lado, Vallejo indicó que a juicio general el requerimiento de los senadores es un elemento “más político que jurídico en su argumentación”.
Los senadores de la UDI, Evópoli y Demócratas (partido en formación) presentaron ante el Tribunal Constitucional el requerimiento para impugnar los indultos a siete condenados por delitos cometidos en el marco del estallido social.
Los parlamentarios que firmaron el requerimiento ante el TC son: Juan Antonio Coloma, Iván Moreira, Javier Macaya, Luz Ebensperger y José Miguel Daruna desde la UDI; por el lado de los Demócratas, Ximena Ricon y Matías Walker; mientras que de Evopoli, Felipe Kast, Luciano Cruz-Coke y Sebastián Keitel se hicieron presentes.
Lo más leído
- Oliver Tree y Gaspi figuran entre las víctimas reportadas tras choque de helicópteros en Río de Janeiro
- Timothée Chalamet se vuelve viral tras celebrar campeonato de los Knicks: “Prefiero mil veces esto a los Oscar”
- Ministra Chomali descarta recortes en salud: "Los alcaldes usaron esos recursos para otras cosas que no eran exactamente para las que estaban mandatados"
- Marcel arremete contra proyecto de reconstrucción y acusa "doble estándar" de la derecha: "Si hubiéramos mandado proyectos con aumento del déficit nos habrían hecho pedazos"
- Encuesta Criteria: 48% rechaza el embargo de cuentas a deudores del CAE, pero el 42% lo apoya si se aplica a personas con capacidad de pago