Karin Salgado. ¿Les dice algo su nombre? En 2019 se suicidó por el acoso que sufría en el hospital donde era técnica en enfermería. Hoy tendría 47 años… En su honor se bautizó la Ley Karin, que busca combatir el acoso de todo tipo y la violencia en el trabajo.
Hoy parlamentarios proponen suspenderla por cinco años. Porque dicen que tiene colapsada a la Dirección del Trabajo y por otros problemas en su implementación.
Sería absurdo negarse a mejorarla, partiendo por educar en sus objetivos y en cuándo se debe recurrir a esta normativa. Aquí la primera solución debería ser pensar en suspender la ley y que no haya antes preocupación por mejorar los ambientes laborales.
¿Es aceptable la propuesta? No: las leyes no se suspenden, se derogan. Y si pretendieran que vía reglamento se puedan suspender los efectos de una ley, sería sumamente peligroso. Sería que el Ejecutivo pueda torcerle la mano al Parlamento vía un acto administrativo. Todo muy monárquico o dictatorial.
Eso en la forma. En el fondo, el argumento del colapso de la Dirección del Trabajo es (de nuevo) peligroso. Denle más funcionarios, eleven los requisitos de admisibilidad de denuncias, pero ¿“suspender”? ¿Qué haría una víctima de acoso? ¿Callarse?
¿Y qué pasaría si se colapsan los tribunales de familia? ¿Van a pedir que suspendan la Ley Papito Corazón? O si los juzgados de policía local no dan abasto con las infracciones, ¿suspendamos la Ley de Tránsito?
Mejor suspendamos el derecho a presentar proyectos. Hay tantos que tienen colapsado al Congreso. Como algunos presentan sandeces como la ley para prohibir saleros en restaurantes o la venta de aerosoles para eliminar los rayados, que nadie presente más.
Lo más triste es que no se repare en que se pone en riesgo la cautela del derecho a trabajar en un lugar seguro, que es lo que busca una ley que, con todos sus defectos, ha sido un avance. En los derechos, no puede haber suspensiones.
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