La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que se produzca un “efecto llamada” en Chile tras el anuncio del subsecretario del Interior, Luis Cordero, sobre la evaluación de una “regularización acotada” para hasta 182 mil migrantes en el país.
Vallejo subrayó que el estudio que pretende llevar a cabo el Gobierno sobre este proceso es una práctica habitual y que ya se ha realizado en administraciones anteriores.
“En el segundo Gobierno de Sebastián Piñera se realizó la regularización de 324.338 personas, así como de 55 mil en el Gobierno de Michelle Bachelet y 22 mil en el Gobierno de Eduardo Frei”, puntualizó.
La iniciativa de regularización acotada estaría relacionada directamente con el empadronamiento biométrico previo realizado por el Ejecutivo, al cual se acogieron más de 180 mil extranjeros.
Según la ministra, serían estas personas enroladas de manera voluntaria las que podrían acceder al beneficio de regularización, aunque aclaró que esto no implica que todas sean automáticamente regularizadas.
“El empadronamiento no es un proceso de regularización. Este control biométrico es básicamente para identificar a los migrantes, porque el gran problema que teníamos era que no sabíamos dónde estaban, quiénes eran, no teníamos identidad de nada”, explicó Vallejo.
Además, la ministra marcó claras diferencias entre el empadronamiento y la regularización que se evalúa en el Gobierno de Gabriel Boric, subrayando que este último proceso no garantiza una regularización sin cumplir estándares.
“Todos los que tienen antecedentes penales, han tenido condenas o tienen alguna situación delictual, no tienen ninguna posibilidad, ninguna chance de regularización”, enfatizó.
Respecto a las críticas de un posible “efecto llamada”, Vallejo fue tajante al rechazar esta posibilidad, reiterando que el proceso está diseñado para ser acotado y bajo estrictos criterios de control.
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