Esta viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, le respondió a la oposición por las críticas al Ejecutivo por las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales y explicó sobre los criterios para revocar estas.
Durante un punto de prensa en La Moneda, la secretaria de Estado aseguró que estas irregularidades del otorgamiento de beneficios “son responsabilidad del gobierno anterior“.
Además, afirmó que la administración se ha hecho cargo de modificar normativas para exigir historial penal al momento de entregar estas pensiones de gracia porque “ha sido un error que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro gobierno”.
También, aseguró: “Nos hicimos cargo y corregimos eso“,y agregó que propusieron modificaciones legales para que, de ser aprobada la ley en el Congreso, se exijan los antecedentes penales y que “si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia”.
“Dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno”
La vocera recalcó que el Gobierno corregirá este caso, así como también respecto de la administración anterior.
En ese contexto, emplazó a los parlamentarios de oposición que han criticado la gestión del Ejecutivo respecto a esta materia.
“Han querido pasar cuentas políticas a nuestro Gobierno (…). Por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”, dijo.
¿Cuáles serán los criterios para revocar pensiones de gracia?
Vallejo aclaró que para revocar estas pensiones de gracia, se considerarán los antecedentes de delitos de alta connotación, tales como: homicidio, tráfico, entre otras, y buscará excluir a aquellos con trauma ocular, que son “personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado”.
Sin embargo, indicó que por el momento no han identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación.
“Tenemos sí un caso probable de la administración anterior y que además tendría una condena. En ese caso lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado (…) pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos”, comentó.
Acerca de la posibilidad de que a las personas se les pida devolver los recursos entregados, la vocera indicó que esta idea no ha sido parte de la propuesta legislativa, ni un elemento en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo. “Difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido”, concluyó.
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