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Exministro Cordero por polémica de Rabat: “Así como uno llega, uno tiene que saber irse”

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El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la polémica que enfrenta el titular de Justicia, Fernando Rabat, por la tramitación de decretos que rebajaron las penas de condenados por delitos sexuales contra menores de edad. En ese contexto, advirtió que el ministro podría estar convirtiéndose en un problema para el Gobierno.

En conversación con Tolerancia Cero, el exsecretario de Estado sostuvo que “un ministro que genera problemas de diálogo en la política y particularmente con los parlamentarios, no solo los de la oposición, sino también los propios, (…) lo que hace es que transforma la figura de ese ministro en un problema para su gobierno“.

En esa línea, Cordero advirtió que Rabat debe distinguir entre insistir en sus decisiones y mantener una posición que termine perjudicando al Gobierno. “Uno tiene que distinguir entre la perseverancia y la tozudez“, dijo, afirmando que “cuando uno se comienza a transformar en un problema para la gestión del gobierno, más allá de la responsabilidad legal, y sobre todo en el diálogo político, uno tiene que entender cuándo se transforma en un problema“.

Consultado sobre si habría renunciado de encontrarse en la posición del actual ministro, Cordero respondió que “lo racional es que sí“. Aunque reconoció que también se debe considerar la perspectiva personal y profesional de Rabat, insistió en que las autoridades deben comprender que su permanencia tiene límites: “Así como uno llega, uno tiene que saber irse“.

El cambio de criterio y la permanencia de Rabat

Respecto de la acusación constitucional contra el ministro, Cordero manifestó sus reparos frente al uso de este mecanismo, señalando que, a su juicio, se ha recurrido a él en demasiadas ocasiones. “A mí no me gustan las acusaciones constitucionales. Creo que hemos tenido demasiadas (…). Además, tensionan y polarizan“, afirmó al respecto.

Sin embargo, reconoció que el cambio de criterio aplicado por Justicia podría abrir una discusión sobre sus fundamentos jurídicos. “Las causales son tan amplias que un cambio de criterio no justificado puede sostener un test razonable, la respuesta es sí, yo comparto esa interpretación; yo tengo mis dudas en términos de la extensión”, explicó, aunque advirtió que “no toda ilegalidad es causal de AC y quiero decirlo además por otra cosa, que no toda ilegalidad es causal de denuncia de prevaricación, que es lo que se ha hecho”.

“El Congreso tiene una atribución para requerir información, incluso la que es secreta reservada. Y, por lo tanto, el ministro de Estado está en la obligación de entregarla“, señaló, afirmando que el problema de fondo es que las decisiones de las autoridades no solo deben ajustarse a la legislación, sino que también necesitan respaldo técnico, “legitimidad social” y una adecuada comunicación: “Cuando alguna de esas cuatro cosas falla, los gobiernos comienzan en problemas“.

Al abordar las razones que podrían explicar el cambio de criterio del Ministerio de Justicia, Cordero planteó dos elementos. El primero sería la intención del Gobierno de aplicar una interpretación uniforme de la normativa sobre beneficios penitenciarios, lo que también tendría efectos en los casos de personas condenadas por delitos de lesa humanidad.

El segundo apunta a la pérdida de memoria institucional en la cartera, luego de que dejaran de participar en estos procedimientos funcionarios que históricamente estaban a cargo de su tramitación. “Cuando las instituciones desarrollan atribuciones durante muchos años, los responsables y los funcionarios que están a cargo de esos procedimientos son los que mantienen la memoria viva y explican determinados tipos de contextos que en ocasiones no quedan escritos en algún documento”, explicó.

La salida de Luis Silva

Cordero también se refirió a la salida del exsubsecretario de Justicia Luis Silva, luego de que publicara un video en el que explicó su participación en la firma de los decretos. Sobre el registro, el exministro sostuvo: “Yo creo que ese vídeo incumple ciertas reglas básicas del protocolo del ejercicio de la función pública. La primera es no contar con autorización y la segunda, creo yo, es más determinante: es que la función principal de las autoridades de confianza es no abrir nuevos flancos a su gobierno“.

En esa línea, cuestionó la intervención de Silva y afirmó que “el exsubsecretario Silva no contribuyó mucho a eso”. Consultado por la decisión de removerlo, Cordero la interpretó como “una señal interna, de disciplina al interior de la gestión pública del gobierno”, calificando además la actuación del exsubsecretario como “una torpeza”.

Finalmente, el exministro planteó la necesidad de avanzar en una solución estructural para abordar los beneficios penitenciarios, en lugar de introducir modificaciones parciales a la normativa. “Cuando usted termina por parchar beneficios, es que en el fondo está metiendo cosas en una gotera y el problema es mucho más estructural“, dijo, defendiendo la creación de tribunales de ejecución de penas.

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