El ministro de Justicia, Hernán Larraín, acompañado del presidente Sebastián Piñera, presentó este lunes el programa +R, un plan que busca dar trabajo a las personas privadas de libertad durante su último periodo en prisión, a quienes se les dará capacitación y un contrato laboral de al menos de un año.
En este programa de reinserción formarán parte 500 internos en el primer semestre de este año, a los que se sumarán otros 500 antes de cerrar el año en todo el país, incluyendo a mujeres e infractores juveniles. Además de los cursos de capacitación impartidos por el Sence, estarán apoyados por un trabajo por una dupla psicosocial.
Con motivo de este programa, la autoridad de Justicia informó que se ingresará en el Congreso dentro de las próximas semanas un proyecto de ley que buscará, entre varios puntos, eliminar el impedimento de contratación en empleos públicos a personas con antecedentes penales.
“La idea es que quienes estén privados de libertad puedan entrar al sector público. Para eso preparamos cambios al estatuto administrativo y el municipal”, señaló Larraín, en declaraciones recogidas por La Tercera.
Entre los cambios que se buscará hacer a la normativa está la omisión de antecedentes penales en personas que ya cumplieron con sus condenas.
Actualmente, según detalla el matutino, el Decreto 409 permite esta omisión, pero luego de cumplir una serie de requisitos como la firma mensual en un periodo de dos años, en caso de personas con una condena, y cinco años, para quienes superan los dos años.
En la propuesta, según indicó Larraín, se evalúa que las personas que cuenten con antecedentes penales y que estén cumpliendo con programas intrapenitenciarios de manera satisfactoria “se pueda omitir esta información en los certificados y así facilitarles la obtención de un empleo”.
En conversación con el citado medio, Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, valoró el proyecto, aunque también cree que aún se debe avanzar en la omisión automática de los antecedentes penales. “No se entiende que no opere de forma automática, dado que se transforma en una pena accesoria al tener que ir continuamente a Gendarmería. Los primeros 180 días son vitales para evitar que la persona vuelva a delinquir”, señaló al respecto.
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