El Ministerio de Justicia anunció que presentará proyecto que regula el derecho a reunión, la cual esperan ingresar al Congreso durante el primer semestre de este año.
Así lo confirmó el titular de esa cartera, Hernán Larraín durante una entrevista con El Mercurio.
Larraín indicó que este es un tema sobre el que ha meditado hace largo tiempo junto a la subsecretaria Lorena Recabarren. “Es un tema complejo, que ahora que queremos que se confunda con situaciones concretas que están pasando. Pero es evidente que parte de lo que ha pasado hoy día se debe a que no hay una legislación“, indicó.
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El ministro profundizó que esto está regulado por un decreto de la década de los 80, por lo que “no es la forma de regular un derecho tan relevante, una garantía constitucional”.
Según indica el secretario de Estado, este proyecto se está trabajando con la comunidad jurídica, incluido Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y que la subsecretaria Recabarren se está encargando de generar instancias participativas prelegislativas que puedan “considerar opiniones y los comentarios de amplios sectores desde el estándar internacional de derechos humanos”.
Además explicó que el derecho a reunión tiene vinculación con otros derechos como el de la libertad de asociación, libertad de expresión y derecho a manifestación y aclaró que “el derecho a la protesta como tal no está regulado estrictamente en las convenciones. Muchos derechos se vinculan entre sí. Normalmente se van relacionando o incluso generando tensiones unos con otros”.
Debido a lo anterior es que Larraín cree que “parte del debate es que haya un consenso de lo que significa el derecho a reunión con respeto a los otros derechos, lo que significan las divergencias entre una marcha, el movilizarse y una manifestación pública fija”.
Respecto de la posibilidad que el ministerio considere la autorización previa para obtener este derecho, el titular de Justicia señaló que “en una calle muy transitada, ¿Cómo se hace para regular ese derecho sin impedir el ejercicio de otros? Entonces, más que un problema de autorización previa como una condición, es cómo organizo y coordino el ejercicio de muchos derechos. Y al mismo tiempo cómo objetivizo las posibles causas de denegación”.
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Uno de los primeros parlamentarios que declaró su apoyo al proyecto, es el diputado oficilista, Jaime Bellolio, quien afirmó que esto “tiene que ser de rango legal, como es un derecho constitucional las reuniones, la libertad de expresión, las limitaciones a ese tienen que ser muy pequeñas, muy estrictas. Entonces, está bien que se pueda avanzar en una ley que delimite cuando se da permiso y cuando no se da permiso”.
“Si se usa la calle para una manifestación implica que no pueden pasar vehículos, personas, ni transporte público. De eso estamos hablando cuando queremos compatibilizar el derecho de reunión, la libertad de expresión, con los otros derechos que tienen los ciudadanos”, agregó.
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