El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), dependiente del Ministerio del Interior, informó sobre la salida de un vuelo con 67 expulsados desde territorio nacional.
Los expulsados de este viernes salieron de Chile en un chárter comercial y corresponden a 39 ciudadanos colombianos, 12 bolivianos y 16 ecuatorianos.
La gran mayoría es por casos de ingresos por paso no habilitado. Le siguen otros delitos como asociación ilícita, receptación de vehículo motorizado, robo con intimidación, robo con violencia, microtráfico o tráfico ilícito de drogas.
De acuerdo a la Subsecretaría del Interior, durante este año se han concretado un total de 2.136 expulsiones. Desde el 11 de marzo hasta la fecha se contabilizan 1.840.
El subsecretario Máximo Pavez dijo que con el operativo de esta jornada “el gobierno alcanza 12 vuelos en casi ocho meses, triplicando la frecuencia mensual de estas operaciones”.
Mientras que el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dijo: “Estamos utilizando en este momento $1.700 millones solicitados al Ministerio del Interior, que vamos a utilizar de aquí a diciembre”.
“Pero la buena noticia es que el Congreso Nacional hace unos días nos ha aprobado en la comisión mixta $11.600 millones solo para expulsiones para el año 2027”, añadió, señalando que se espera continuar con los vuelos de expulsión.
Cifras migratorias: Salidas voluntarias e ingresos por paso no habilitado
Adicionalmente, las autoridades comunicaron que entre enero y octubre se han registrado 11.625 salidas voluntarias de extranjeros. De ese total, 9.360 corresponden a venezolanos y 1.060 a colombianos.
Por otro lado, entre enero y octubre se reportan 320 casos de personas denunciadas en la frontera. La cifra, de acuerdo al Ejecutivo, “representa una caída del 93% respecto de los 4.612 casos de 2025”.
Respecto a personas extranjeras que fueron detenidas durante las manifestaciones del estallido social, el pasado 18 de octubre, se dictaron órdenes de expulsión a través de facultad extraordinaria del subsecretario del Interior por razones de seguridad interior.
Dichas órdenes ya fueron emitidas y los procedimientos correspondientes están en tramitación. Sobre ello, Sauerbaum explicó que el proceso se divide en dos. Una primera parte tiene que ver con revisar la situación migratoria.
Había tres peruanos y dos haitianos que “estaban con residencia definitiva, algo que es bien incomprensible para una persona que se le entregue una residencia definitiva; termine en marcha, haciendo daño a la propiedad pública o privada”. En esos casos se les retiró la residencia definitiva y posteriormente se instruyó la orden de expulsión.
Los involucrados ya se encuentran notificados y “una vez notificados tienen 10 días para apelar (…) esa apelación la tiene que ver la justicia, si corresponde o no. La notificación de la expulsión ya está entregada, por lo tanto, ellos están haciendo uso de los 10 días que tienen para poder hacer la apelación”.
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