“Mientras no seamos capaces de atacar su columna vertebral, que es su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir”: La advertencia del fiscal Barros sobre el Tren de Aragua

(EFE) — El combate contra las finanzas del Tren de Aragua es, a juicio del fiscal chileno Héctor Barros, el principal desafío para debilitar a la organización criminal que opera en distintos países de la región.

Tras la reciente autorización de Colombia para extraditar a dos de sus integrantes requeridos por la justicia chilena, el persecutor aseguró que el grupo mantiene una estructura económica que sostiene todas sus actividades ilícitas.

“Es una empresa criminal que busca el lucro y, mientras no seamos capaces de atacar su columna vertebral, que es su patrimonio y el dinero que fluye hacia sus líderes, no los vamos a destruir”, afirmó.

Barros, coordinador de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Región Metropolitana, encabeza investigaciones como la del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En ese contexto, destacó como un avance la extradición desde Colombia de Dayonis Orozco Castillo, concretada este viernes, y la próxima llegada de Larry Álvarez Núñez, identificado como uno de los fundadores de la organización.

Sin embargo, advirtió que la falta de colaboración desde Venezuela sigue dificultando el avance de las investigaciones, ya que al menos seis personas con órdenes de detención por este caso permanecen en ese país sin haber sido investigadas. “La ausencia de un interlocutor válido” hace “muy difícil” erradicar completamente a la organización, señaló.

El fiscal insistió en que la respuesta frente al crimen organizado debe superar las fronteras nacionales y considerar una coordinación permanente entre los países afectados. “Debe enfrentarse a nivel internacional, con cooperación de Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia y por cierto Venezuela“, sostuvo.

Respecto de la capacidad operativa del Tren de Aragua, Barros explicó que la organización identificó espacios donde la delincuencia local tenía escasa presencia y consolidó negocios ilegales como la explotación sexual, el tráfico de drogas sintéticas y la extorsión. Sobre el primero de estos delitos indicó que la banda “aseguró el control y obtiene, según sabemos, cerca del 45 % de los ingresos generados por las mujeres que trabajan bajo su estructura“.

Además, afirmó que introdujo mecanismos de cobro extorsivo contra comerciantes y organizadores de eventos, prácticas poco frecuentes anteriormente en Chile.

Uno de los antecedentes más relevantes mencionados por el persecutor corresponde a la Operación Tokio, investigación que permitió desarticular una red de lavado de activos que entre 2022 y 2025 trasladó cerca de 80 millones de dólares desde Chile hacia otros países mediante empresas vinculadas a criptomonedas.

Para Barros, este caso dejó en evidencia que “la reacción del sistema en materia de persecución y prevención de lavado de activos es muy lenta“, lo que permite que la organización cree nuevas empresas, utilice plataformas de remesas y criptomonedas y reemplace rápidamente sus estructuras financieras antes de ser detectadas.

El fiscal también advirtió que el grupo criminal ha modificado sus métodos para reducir la presión policial, incluyendo nuevas formas de ocultar evidencia. En paralelo, destacó que durante los últimos dos años Chile ha logrado desarticular células como Los Piratas y Los Gallegos, vinculadas a homicidios, tráfico de personas y otros delitos.

Finalmente, Barros afirmó que el país enfrenta un escenario delictual distinto al de años anteriores y concluyó: “Chile está viviendo una transformación muy radical en la delincuencia. Vienen desafíos muy diferentes. Ya no podemos pensar en el fiscal de escritorio que solo ve flagrancia, aquí lo que tenemos que empezar a ver son fenómenos criminales“.