Mercado negro de cuentas de repartidores: ¿Un vacío legal que pone en riesgo la seguridad vial?
Por CNN Chile
24.08.2025 / 17:17
Investigación revela que redes sociales y Marketplace facilitan la venta de perfiles para aplicaciones de delivery, permitiendo operar sin licencia, con documentos vencidos o sin vehículo registrado.
Un extenso mercado ilegal de venta y arriendo de cuentas para repartidores de aplicaciones de delivery quedó al descubierto luego de la publicación de un reportaje de Bío Bío Chile, exponiendo graves fisuras en los sistemas de verificación de plataformas como Uber Eats, Rappi y PedidosYa.
La investigación detectó que este negocio opera abiertamente en redes sociales y Marketplace, con precios entre $20 mil y $120 mil según la plataforma y tipo de vehículo.
Fallas en verificaciones
El sistema permite que personas sin licencia de conducir, con cédula de identidad vencida o incluso sin vehículo propio puedan realizar repartos, “abriendo un nuevo flanco de riesgo en materia de seguridad vial” y dificultando el rastreo de responsabilidades en accidentes de tránsito o delitos.
Aunque las plataformas establecen requisitos formales como licencia de conducir, patente y permiso de circulación, la investigación demostró que estas barreras resultan fácilmente sorteables. Uber Eats apareció como la aplicación con mayores controles de seguridad, mientras PedidosYa permitió subir permisos de circulación vencidos y Rappi no solicitó patente ni licencia Clase C para repartidores en moto.
Las empresas respondieron con diferentes niveles de engagement. Según reportó T13, Uber Eats destacó sus “procesos de verificación y activación rigurosos”, incluyendo validación digital de identidad y reconocimiento facial aleatorio. Rappi aseguró aplicar “los más altos estándares de la industria” con tecnología e inteligencia artificial, mientras PedidosYa optó por no entregar comentarios.
El mercado ilegal incluye asesoría para registros fraudulentos, con tarifas que superan los $100 mil por cuentas permanentes y garantías de hasta 10 días, evidenciando la sofisticación de estas operaciones que burlan los controles de seguridad diseñados para proteger a usuarios y repartidores legítimos.