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Tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional, que le retornó al líder del Partido Progresista sus derechos políticos, queda incluso la posibilidad abierta de una candidatura presidencial. Por ahora, el ex diputado afirmó que "hoy es un gran día, para mí y para el principio de presunción de inocencia".
Esta mañana, y de forma unánime, el Tribunal Constitucional (TC) decidió acoger la medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista (PRO).
Se declaró inconstitucional la norma que lo dejó fuera del sistema electoral, con lo que perdió su derecho a voto, tras la acusación del Ministerio Público por el caso SQM.
De esta manera, el TC ofició al Servel para que lo incluya en el padrón electoral, por lo que se abre la posibilidad de que sea candidato presidencial si es que se inscribe antes del 23 de agosto. Sin embargo, el PRO ya definió ser parte de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente, por lo que aún no hay claridad sobre cómo se configuraría ese escenario político.
Tras la medida, Enríquez-Ominami difundió un video donde manifestó que “hoy es un gran día, para mí y para el principio de presunción de inocencia cuando uno pretende vivir en sociedad” e indicó que “eso se rompió, no solo con mi caso, cuando se me confiscaron mis derechos políticos“.
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Según el ex diputado, eso sucedió porque “un fiscal vinculado a Piñera, decidió acusarme para protegerlo a él y a otros políticos”.
A su vez, indicó que la “confiscación” de sus derechos políticos, el derecho a votar especialmente, “comenzó el 2009 cuando reclamé una Convención Constitucional, cuando reclamé derechos sexuales y reproductivos iguales para hombres y mujeres, cuando reclamé la educación pública y gratuita”, sosteniendo que “por eso, sé por qué quisieron ensuciar mi imagen, mi reputación”.
Finalmente, sostuvo, “no solo por mí, sino que también por muchos chilenos y chilenas que queremos un país más justo (…) seguiré luchando“.
El juicio contra el ex abanderado del PRO y su ex asesor, Cristián Warner, comenzó el pasado 14 de junio, cuando se les acusó de delitos tributarios y fraude al fisco en el marco del caso OAS.
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