La ajustada contienda parlamentaria por la Megarreforma entra en su fase definitoria: Así avanza el proyecto en el Senado y esto opina el mundo político

Toda reforma de largo aliento tiene un momento en que deja de medirse por el volumen de sus anuncios y comienza a hacerlo por la fragilidad de sus votos.

La Megarreforma llegó a ese punto: salió viva de la votación en general, pero entró al tramo donde la letra chica puede cambiar el alcance político del proyecto.

La iniciativa, presentada por el Gobierno como proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Social, fue aprobada en general en el Senado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención. El resultado abrió paso a la discusión en particular, pero también dejó al descubierto el margen estrecho con el que el Ejecutivo enfrenta el resto de la tramitación.

El nuevo escenario se juega en tres comisiones: Medio Ambiente, Trabajo y Hacienda. Allí se revisan indicaciones a los capítulos más sensibles del proyecto, desde la rebaja del impuesto corporativo y las compensaciones municipales hasta el Crédito Tributario al Empleo, la permisología y los reparos ambientales.

El calendario inmediato también muestra la presión de esta etapa. Según informó el Senado, los comités ratificaron nuevos plazos para presentar indicaciones: Medio Ambiente tuvo hasta lunes 6 de julio a las 20:00 horas, Trabajo tiene hasta el miércoles 8 al mediodía y Hacienda hasta el jueves 9 a las 20:00 horas.

La letra chica, las críticas de oposición y el margen del Gobierno: ¿hay ambiente de acuerdo?

El Ejecutivo llegó a esta fase con una victoria ajustada. En la práctica, eso implica que el Gobierno logró evitar el rechazo en general, pero no despejó las dudas sobre la estabilidad de los apoyos en la discusión artículo por artículo.

La mesa política impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, busca acercar posiciones y ordenar un eventual protocolo de acuerdo. En esa instancia participaron representantes de distintos sectores de la Cámara Alta junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde el Senado se informó que el foco de las conversaciones incluye la rebaja del impuesto corporativo, las compensaciones a municipios y el Crédito Tributario al Empleo. La señal apunta a un intento de encauzar la discusión antes de que la Sala vote en particular.

El propio Quiroz defendió la disposición del Ejecutivo a negociar. El titular de Hacienda sostuvo: “He conversado siempre”, aunque remarcó que “el calendario de reforma está fijado” y que los plazos “se han de cumplir”.

La oposición, en paralelo, intenta ordenar una estrategia común para la etapa de indicaciones. Según detalló La Tercera, los partidos del sector acordaron la firma de indicaciones conjuntas y dejaron para el jueves la definición sobre un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Ese intento de coordinación no eliminó las tensiones internas. Tras reunirse con otros jefes partidarios de la oposición, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, bajó las expectativas sobre el alcance de la mesa de diálogo convocada por Núñez.

“No buscamos un acuerdo, lo que buscamos es mejorar un mal proyecto”, dijo Vodanovic. La senadora sostuvo que la iniciativa está desfinanciada, no contiene compensaciones suficientes y requiere cambios antes de su votación particular.

El punto más duro sigue en la invariabilidad tributaria. El senador Juan Luis Castro (PS) confirmó que acudirán al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea despachado como ley, al sostener que esa es la vía que corresponde jurídicamente.

Castro también negó que exista un clima de acuerdo amplio. “Aquí no hay tal atmósfera o ambiente de un acuerdo”, afirmó al mismo medio, junto con insistir en que, a juicio de su sector, la iniciativa sigue siendo regresiva en materia de ingresos tributarios.

Una nueva arista clave para la tramitación: el Tribunal Constitucional entra al libreto

La amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional se instaló como uno de los elementos más sensibles del debate. En la misma ofensiva opositora, el senador Vlado Mirosevic (PL) elevó el tono y sostuvo que, si la oposición no logra frenar el proyecto en la Sala, deberá hacerlo el TC.

Mirosevic apuntó a dos aspectos que, a su juicio, podrían tener problemas de constitucionalidad: la invariabilidad tributaria y eventuales compensaciones para empresas con Resolución de Calificación Ambiental que luego sean revertidas por la justicia.

Desde el Ejecutivo, el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, respondió desde el Congreso y cuestionó la anticipación de la ofensiva opositora. Su argumento apunta a que la discusión particular aún puede modificar el contenido de las normas impugnadas.

“La lógica indica que para recurrir al TC es más sano esperar cómo termina la norma en sí”, señaló Alvarado. El secretario de Estado agregó que se trata de una facultad propia del proceso legislativo, pero pidió que se use “con fundamentos y con un profundo sentido de responsabilidad”.

La discusión también encontró eco en el oficialismo. El senador UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, abordó el escenario en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile.

En ese espacio, Macaya sostuvo que la negociación con la oposición debería incorporar que “el tema constitucional o las pretensiones de ir al TC, queden eliminadas”. También afirmó que el oficialismo mantiene una mayoría “suficiente, ajustada” para aprobar la iniciativa en el Senado.

Republicanos también mira al Tribunal Constitucional

La presión no viene solo desde la oposición. A través de sus redes sociales, el senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, también apuntó al Tribunal Constitucional tras el anuncio del PS y planteó que la eventual revisión de la invariabilidad tributaria sería una “prueba de fuego” para el organismo.

Squella sostuvo que habría que ser “realmente muy creativo” para argumentar que esa norma es contraria a la Constitución. Su intervención refleja cómo el debate de la Megarreforma comenzó a tensionar no solo al Congreso, sino también la relación de los sectores políticos con el TC.