Celis fija línea roja ambiental por megarreforma: “El Estado no puede actuar como asegurador”

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El senador del PPD e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Ricardo Celis, fijó una de las principales líneas rojas de la oposición en la discusión ambiental de la megareforma: la norma que permitiría compensar a privados cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea rechazada por tribunales ambientales.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el Gobierno “no se ha movido ni un punto” en materia ambiental y cuestionó que el Estado pueda terminar operando como una suerte de seguro frente al riesgo que asumen los proyectos de inversión.

“Si hay líneas rojas, como se acostumbra decir, esta es una línea roja para nosotros”, afirmó.

“No nos parece natural que sea el asegurador”

Celis apuntó directamente a la propuesta que contempla una restitución financiera para proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental sea rechazada posteriormente por tribunales ambientales.

Según explicó, el mecanismo operaría cuando un titular obtiene una RCA, avanza con su proyecto, pero luego un tribunal acoge una reclamación y deja sin efecto esa autorización.

Lo que dice la propuesta del Gobierno es que, como él corrió un riesgo, le corresponde al Estado indemnizarlo, restituirlo, porque corrió un riesgo y tiene una pérdida”, señaló.

El senador sostuvo que ese enfoque no es compartido por la oposición. “A nosotros no nos parece natural que sea el asegurador de proyectos en medioambiental y que sean rechazados por el tribunal medioambiental en segunda instancia”, dijo.

En esa línea, citó además los reparos planteados por la Corte Suprema respecto al riesgo inherente que asume cualquier privado al invertir.

“El libre mercado supone que el que quiere invertir tiene que correr un riesgo, y el riesgo del privado no tiene por qué ser necesariamente compensado por el Estado”, afirmó.

Reparos desde ambientalistas y gremios

El senador recordó que la Comisión de Medio Ambiente del Senado escuchó exposiciones de distintos actores, entre ellos organizaciones ambientalistas como Greenpeace y representantes del mundo empresarial, como la Sofofa.

De acuerdo con Celis, uno de los elementos que más llamó la atención fue que las críticas a esta norma no provinieron solo desde sectores opositores o ambientalistas.

Nadie, diría casi, de los que expusieron, estuvo de acuerdo”, sostuvo.

El parlamentario afirmó que tanto la Sofofa como la CPC advirtieron que la propuesta podría generar efectos contraproducentes y terminar judicializando aún más los procesos de evaluación ambiental.

“Al final del día eso se va a judicializar, van a presentar ciertos recursos en los tribunales, y finalmente eso, en lugar de ser expedito, se va a entorpecer y vamos a terminar en cero”, planteó.

El riesgo de una evaluación más dura

Celis también advirtió que la medida podría afectar el comportamiento de quienes evalúan proyectos, ante la posibilidad de que una autorización mal otorgada termine derivando en una compensación estatal.

“Probablemente se corre el riesgo de que, cuando esté en evaluación, el evaluador diga: sabe que a lo mejor esto alguna vez va a tener una reclamación, entonces voy a ser más duro en la evaluación”, explicó.

A juicio del senador, el mismo efecto podría trasladarse a los tribunales ambientales, al introducir una presión adicional sobre los jueces.

“Si yo lo declaro negativo, finalmente el Estado va a tener que pagarle, entonces no voy a acceder. Hay una presión implícita a raíz de esto sobre el juez también”, sostuvo.

Eventual ofensiva al Tribunal Constitucional

El senador confirmó que el socialismo democrático acordó recurrir al Tribunal Constitucional por dos materias de la mega reforma: la restitución vinculada a las RCA rechazadas y la invariabilidad tributaria.

Sin embargo, Celis hizo una distinción entre ambas. A su juicio, la eventual inconstitucionalidad es más clara en la compensación a privados que en la invariabilidad tributaria.

“En el tema de invariabilidad tributaria creo que no tiene todos los méritos. Chile ha vivido con invariabilidad tributaria hasta el 2016, incluso algunos para minería hasta hoy día”, señaló.

Distinto es, dijo, el caso de la compensación ambiental. “Para mí, donde la inconstitucionalidad me parece más clara es en lo que acabamos de conversar: esta compensación a los privados por resoluciones de calificación ambiental”, afirmó.

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