Matthei respalda deportaciones de EE.UU. y cuestiona al Gobierno, exigiendo medidas más estrictas para los migrantes en Chile

Por CNN Chile

27.01.2025 / 19:30

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A través de redes sociales, la exalcaldesa de Providencia también cuestionó que Chile deporta solo alrededor de mil migrantes al año, mientras existen 30.000 expulsiones pendientes.


Evelyn Matthei, precandidata presidencial de la UDI y RN, defendió este lunes a la administración de Estados Unidos tras el reciente conflicto diplomático con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro se negara a recibir vuelos de deportados colombianos enviados por el gobierno de Donald Trump.

El rechazo de Colombia a aceptar estos vuelos se originó en una acusación de Petro contra el presidente estadounidense, quien calificó a los inmigrantes colombianos deportados como “criminales”.

Ante esta postura, Trump amenazó con aplicar sanciones arancelarias a Colombia. Sin embargo, tras un breve período de tensión diplomática, Petro reconsideró su decisión y aceptó finalmente los vuelos de deportados.

A través de redes sociales, la exalcaldesa de Providencia aseguró que “Estados Unidos, como cualquier país soberano, tiene el derecho de deportar a los extranjeros irregulares, más aún si han cometido delitos”.

Matthei también aprovechó la oportunidad para criticar la gestión del gobierno chileno en materia migratoria.

En su mensaje, cuestionó que Chile solo esté deportando alrededor de mil migrantes irregulares al año, mientras que hay unas 30.000 expulsiones pendientes.

Se requiere coraje y voluntad política”, añadió, haciendo referencia a la necesidad de implementar una política migratoria más estricta en el país.

La postura de la exjefa comunal sobre migración no es nueva, en varias ocasiones, ha planteado que, si fuera presidenta, implementaría una política de “mano dura” para enfrentar la migración irregular.

Según Matthei, el cierre efectivo de las fronteras y la reducción de la migración irregular son fundamentales no solo por la presión que los inmigrantes ilegales ejercen sobre los servicios sociales como vivienda, educación y salud, sino también por el impacto que tiene el crimen organizado transnacional.