El sábado 23 de junio La Tercera y El Mercurio dieron a conocer que la Corte Suprema resolvió ordenar la devolución de 5,1 millones de dólares y de propiedades que pertenecían al ex dictador Augusto Pinochet. Todo esto en el marco del caso Riggs.
Pocos días después, de acuerdo a lo señalado por The Clinic, Lucía Hiriart habría solicitado anular dicha decisión, debido “a la filtración de antecedentes a los medios de comunicación social ‘con anterioridad a la determinación del tribunal que conoce del juicio’”.
La solicitud fue ingresada el 28 de junio con la firma de los abogados Pablo Rodríguez Grez y Fernando Rabat Celis.
Los abogados habrían alegado que se infringieron las “normas de los acuerdos”, tanto desde el lado constitucional como legal. Esto ya que “se ha afectado la independencia en la decisión de lo debatido” y “de acuerdo con el artículo 81 del Código Orgánico de Tribunales (…) los acuerdos se celebrarán privadamente, situación que, en este caso, conforme a las publicaciones de prensa y a la luz de lo resuelto por el Tribunal Pleno, se ha violentado”.
Finalmente solicitaron que se retrotraiga “la causa al estado de darse inicio a su vista, integrándose la sala respectiva por ministros no inhabilitados”.
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