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Luego de un intenso debate, la Comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de ley Aula Segura, por una estrecha votación que implicó una serie de modificaciones.

La iniciativa fue rebautizada como “Aula Democrática y Convivencia Segura” por la oposición, y ya no regulará la expulsión sino que establecerá un procedimiento para suspender a los estudiantes.

De esta forma, se eliminó una de las medidas más defendidas por el Gobierno, que era la expulsión inmediata de los estudiantes que estuvieran implicados en episodios de violencia.

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En el documento aprobado se indica que “el director tendrá la facultad de suspender (y no expulsar), como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos que hubieren incurrido en faltas graves o gravísimas establecidas en los reglamentos de cada establecimiento”.

Asimismo, se determina que se puede separar al estudiante si es que es investigado por “todas las causales graves y gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos”, y amplía la medida no sólo a los estudiantes sino que también a toda la comunidad educativa.

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En cuanto a los plazos, en vez de 4 días para presentar los descargos por parte del estudiante, esto se aumenta a 10 días. De igual forma, de 2 días para resolver la reintegración, se fijó un plazo de 5 días.

El proyecto también ordena a los establecimientos a actualizar los reglamentos, obligando a que infracciones a la ley de armas y lesiones queden establecidas como causales de separación inmediata.

Finalmente, además de aplicar esta medida a colegios públicos y particulares subvencionados, la nueva normativa funcionará también para los establecimientos particulares.

Con estas indicaciones, durante este miércoles la Comisión de Hacienda deberá analizar el proyecto y, tras esto, quedaría en condiciones para ser revisado por la Sala del Senado.

Ante los cambios realizados, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, manifestó su rechazo al considerar que las nuevas indicaciones igualan conductas como el porte de armas y los ataques con bombas molotov con otras faltas como la falsificación de la firma del apoderado o hacer la cimarra.

“Nosotros como gobierno vamos a insistir en este proyecto porque tenemos claro de qué lados estamos, del de los estudiantes y de las víctimas“, declaró la autoridad, agregando que el Ejecutivo renovará la indicación presentada en la sala.

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