“Los tribunales, el gobierno de Chile y el Tribunal Constitucional ofrecen: libertad ‘incondicional’, promesas de indultos y pensiones inmejorables para condenados por crímenes de lesa humanidad ¡Rebajas sobre rebajas!”, comienza un video realizado por la organización de derechos humanos y memoria, Londres 38.

El registro, en formato de animación, explicita los crímenes cometidos en dictadura y muestra los beneficios a los que han accedido los ex militares condenados por estos delitos y los discursos de quienes promueven su liberación.

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La organización indica que dichos “ofertazos” muestran la estrecha relación y compromisos entre el proyecto político que ha dominado el país y la impunidad. “Desde el Estado, grupos de poder, empresarios y medios de comunicación se ha obstaculizado la acción de la justicia en crímenes como lo son el secuestro, torturas, violaciones, desapariciones forzadas, asesinatos, ocultamiento de cuerpos y vuelos de la muerte”, continúa el registro.

Por otra parte, la organización critica que “los tribunales han llegado tarde con investigaciones fragmentarias dejando sin respuesta las preguntas principales en los casos de desaparición forzada: ¿dónde están? ¿qué hicieron con ellos y ellas? ¿quiénes son los responsables?” .

“En efecto, de 1.169 personas detenidas desaparecidas solo se han encontrado e identificado los restos de 104 víctimas y, más grave aún, se conocen ya tres casos de desaparición forzada en democracia y un número no informado por las autoridades  de personas muertas a manos de agentes del Estado, entre ellos el reciente asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca”, agrega.

Además, señalan que de “1.373 agentes del Estado tardíamente procesados, apenas 117 están cumpliendo condenas”, y que “la nueva ley que promueve el gobierno con el apoyo de sectores de la oposición, pretende liberar a reos mayores de 75 años con el único requisito de haber cumplido la mitad de la pena, lo que significará la libertad inmediata en la mayoría de los casos”.

El video es parte de la campaña “Toda la verdad, toda la justicia”, que comprende iniciativas judiciales, legislativas y de denuncia en el ámbito nacional e internacional, así como acciones destinadas a interpelar a la sociedad para condenar social y políticamente a los civiles y militares responsables de los crímenes cometidos en cuestión.

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