La línea defensiva de la suspendida magistrada se basa en demostrar que no existió intención dolosa en su actuar, sino un error administrativo derivado del uso de formularios judiciales estandarizados.
La jueza Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en una línea de defensa que busca demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas.
La magistrada declaró por segunda vez, el pasado 30 de julio, ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez ya no como testigo, sino como imputada formal en una investigación que se ha vuelto clave para el Ministerio Público.
Inicialmente, Rodríguez decidió enfrentar el proceso sin abogado y compareció sola ante la Fiscalía Regional Occidente, decisión poco común en casos de esta envergadura.
Según señaló a su entorno, su intención era colaborar al máximo con la investigación y despejar cualquier duda sobre su conducta.
En esa línea, autorizó el levantamiento de su secreto bancario y entregó voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía.
No obstante, ante el eventual avance de la Fiscalía hacia una formalización, Rodríguez optó por reforzar su defensa y solicitó apoyo de la Defensoría Penal Pública, con quienes se reunió la semana pasada, consignó La Tercera.
Finalmente, será representada por un abogado del organismo, considerando la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta.
Esta decisión responde también al interés de la magistrada de contar con asesoría especializada, en caso de que se soliciten medidas cautelares en su contra, las cuales solo podrían ser aplicadas si previamente se presenta una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Sicario de 18 años liberado. Alberto Carlos Mejía.
La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa, es decir, haber incurrido en un actuar negligente que facilitó la excarcelación de un imputado altamente peligroso.
El foco de la investigación es un presunto “error” en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado.
La Fiscalía sostiene que la jueza no habría utilizado los mecanismos legales apropiados para corregir el fallo.
Desde la defensa, sin embargo, se insiste en que la resolución fue emitida mediante formularios preestablecidos, lo que reduce el margen de modificación directa.
Además, se sostiene que no existió omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. Por el contrario, la jueza habría seguido los procedimientos administrativos estándar, en un contexto donde los errores de tipeo no son poco frecuentes.
La entrega de sus cuentas bancarias busca reforzar precisamente esa línea argumentativa: demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular.
Su equipo jurídico considera que no hay indicios que sustenten un actuar intencional, y que en ningún caso hubo beneficio personal involucrado.
El caso también incluye a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les imputa no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación.
No obstante, dentro de Gendarmería se ha reconocido que fue una de sus funcionarias quien identificó la discrepancia en el nombre, hecho que terminó por destapar la cadena de errores administrativos.
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