A más de un año de su implementación, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) avanza en su propósito de articular al ecosistema del reciclaje. Expertos, recicladores y autoridades coinciden: se necesita mayor flexibilidad, apoyo municipal y participación ciudadana para que esta normativa cumpla su objetivo ambiental.
A las puertas de su segundo año de vigencia, la Ley REP enfrenta una serie de desafíos estructurales que frenan su efectividad. Esta normativa, que busca ordenar y promover el reciclaje formal en Chile, ha sido valorada por múltiples actores, pero también ha revelado sus limitaciones en su fase de implementación.
Uno de los principales problemas radica en su rigidez. A pesar de ser la política pública más importante del país en materia de reciclaje, el diseño original de la ley no estimula suficientemente la competencia, desincentivando la participación de gestores en licitaciones clave. A esto se suma la falta de obligatoriedad para los municipios, lo que deja en la incertidumbre a comunas con presupuestos más limitados y poca capacidad operativa.
Desde el ámbito municipal, se plantea la necesidad urgente de herramientas concretas para ejercer control y gobernanza sobre el proceso de recolección, mientras que desde el sector privado y el gobierno central se insiste en la corresponsabilidad como clave del éxito del sistema. El reciclaje, insisten, es una tarea compartida entre autoridades, empresas y ciudadanía.
Sin embargo, las cifras reflejan una realidad preocupante. Aunque el 79% de la población declara interés por reciclar, solo el 36% lo hace de forma frecuente. La falta de información clara y la escasa infraestructura siguen siendo barreras importantes.
Otros desafíos estructurales incluyen el aumento de las toneladas valorizadas y el control de los “circuitos paralelos” de reciclaje que operan fuera del marco legal. En ese sentido, se destaca la necesidad de más fiscalización y mejores incentivos para que las empresas se sumen al sistema.
Durante la última semana del reciclaje, diversos expertos coincidieron en tres focos clave: sostenibilidad, articulación y corresponsabilidad. Y si bien la Superintendencia del Medio Ambiente recién comienza a entregar informes de evaluación, ya se vislumbra la necesidad de reformas que flexibilicen e incentiven la ley para que cumpla su prometido impacto ambiental.
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
